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Leyendo las últimas noticias sobre el Govern nos queda claro que Francina Armengol no es Isabel Ayuso y seguramente no quiere serlo. El PSOE y el PP siempre en hemisferios opuestos, sin medidas a compartir o consensuar. Es más, situarse en lo contrario es la tendencia natural de los dos partidos que representan aquella alternancia propia de otros siglos donde el sistema no estaba tan refinado ni la sociedad tenía el elevado grado de enjuiciamiento y crítica que hemos alcanzado.

Nos quedamos, pues, sin eliminación o rebaja de los impuestos propios o autonómicos y ello significa que no vamos a aliviar la presión fiscal mientras algunas personas no pueden aceptar una herencia por la carga fiscal derivada del impuesto de sucesiones. Es fácil encontrar ejemplos que nos permiten demostrar que el cúmulo de impuestos de diversa procedencia y naturaleza nos está asfixiando. Es como si nadie midiese el impacto que tienen los impuestos sobradamente conocidos como aquellos que son latentes y que encarecen la factura de la electricidad (olvidando otros atracos como el carísimo litro de gasolina). En una economía de subsidios donde los gobiernos no dejan de pagar las consecuencias de esta crisis es normal que no se reduzca la presión fiscal. Lo que realmente tendría futuro sería un ajuste realista de las obligaciones fiscales y las cargas formales que soportamos y que requiere una compleja reestructuración administrativa.

Armengol tiene un argumento contundente: ella no privatizará servicios como pueda ocurrir en otras CCAA. No obstante, yo me pregunto si el sector público debe ser ese papá Estado omnipresente que pretende solucionar los problemas de cualquier ciudadano. Algo que es imposible y que genera esa frustración que a menudo nos transmiten los medios de comunicación. Tal vez sea el momento de condensar las funciones a las que se destina un escaso presupuesto autonómico. Y digo escaso porque Balears tiene una sobrepoblación que ya genera problemas y no recibe las compensaciones que exigiría un sistema de financiación autonómica justo. Puede que la gran batalla de quien presida en 2023 esta comunidad sea obtener los fondos que nos corresponderían y así no tener que apuntillar a los baleares. Es una cuestión muy ajena al partidismo y la visceralidad que impera en nuestra política. La incompetencia de nuestros gobernantes no debe compensarse tocando el bolsillo de los ciudadanos sino priorizando y gestionando diligentemente aquello que, con independencia del interés privado, exige una actuación de instituciones y organismos públicos.

El gran despropósito es que la Administración entre en negocios y sectores que desconoce y en los que probablemente perderá dinero y recursos. No se trata de convertirse en operador sino en buen regulador, garantizando la viabilidad de sectores estratégicos y el cumplimiento de unos objetivos, principios y legislación que sí son competencia de nuestros políticos.