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En la mesa de diálogo no solo está en juego la lluvia de millones y las 56 transferencias exigidas por los indepes, lo que se ventila es el reconocimiento de que la Justicia se equivocó al condenar el ‘procés’, de que el Gobierno nunca debió aplicar el artículo 155, de que, en fin, España debe sentarse de igual a igual en una mesa para acordar la forma de resolver el conflicto político, que no es otra que la autodeterminación del pueblo catalán.

A cambio de su apoyo a la moción de censura, Sánchez se comprometió con los partidos secesionistas a traicionar el orden constitucional para satisfacer sus demandas. En la mesa bilateral está dispuesto a dar lo que no puede a cambio de que le mantengan en La Moncloa y que no movilicen a sus huestes en la calle. Como quitarle el apoyo significaría el posible acceso al poder del PP, lo que implicaría el final del chollo que para ellos representa Sánchez, el chantaje se reduce a «Me das lo que te exijo o te monto otro Urquinaona con los chicos de la gasolina.»

Él no puede perder la ventaja de la que hace gala: cuando la izquierda gobierna, Cataluña se pacifica; cuando lo hace la derecha, las calles se incendian.

El Estado, que apenas tiene representación en Cataluña, ahora continuará desangrándose en esa mesa de diálogo con un Gobierno genuflexo ante los demandantes, porque prefiere gastar 1.770 millones en ampliar el aeropuerto de El Prat a que lo asalten los CDR. En estos dos próximos años, atropellando la Constitución, se les concederá a los sediciosos todo lo que necesitan para construir la estructura de ese Estado que tanto anhelan.

Mientras, el resto, asistiremos atónitos a la exaltación soberanista y a una situación en la que, en Cataluña, los españoles se habrán convertido de facto en extranjeros, y la sociedad catalana estará quebrada y enfrentada.

Las quiebras democráticas y territoriales no se producen hoy por alzamientos militares, sino por decisiones de gobiernos surgidos de las urnas. En España llevamos ese camino con el Gobierno autonómico catalán, que abusa de su poder legítimo para conseguir algo inconstitucional, y por el egoísmo y la ceguera de un Gobierno de la nación débil y mezquino, que ha vendido su alma al diablo.