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La quinta ola ha mostrado el peor estado de ánimo del Govern, que ahora mismo no tiene herramientas jurídicas para imponer restricciones y se limita a reducir los horarios de los bares mientras el número de contagiados se ha disparado. Después del fiasco del toque de queda tumbado por el Tribunal Supremo hace semanas, parece que el Gabinete autonómico no se atreve a solicitarlo de nuevo como sí están haciendo otras autonomías, algunas con más éxito que otras.

No es de extrañar que la presidenta balear no se fíe de sus servicios jurídicos, que también fueron incapaces de justificar el confinamiento de los jóvenes en viajes de estudio en un hotel del Paseo Marítimo de Palma. En todo este embrollo jurídico-sanitario se echa en falta que alguien del Govern, y si es posible sin molestar demasiado a los dirigentes de Podemos y Més, le diga a Sánchez que quitar la obligatoriedad de las mascarillas el pasado 26 de junio fue un error monumental que solo pretendía mejorar la imagen del presidente del Gobierno en horas bajas tras la amnistía de los independentistas catalanes. También le podrían exigir, si se atreven, que apruebe una ley, norma o reglamento para que no haya que pedir permiso al Tribunal Superior de Justicia de Baleares cada vez que se quieren aplicar restricciones. Al final, ya se sabe, pagan los platos rotos la restauración.

Dejando al margen a Sánchez, de campaña de imagen en Estados Unidos, hasta el momento en el listado de culpables solo contamos, de forma oficial, según el Govern, con dos actores: los primeros, los policías de Llucmajor por no controlar los botellones en s’Arenal durante los viajes de estudios. Los segundos, los responsables políticos del Consell d’Eivissa por no vigilar las fiestas ilegales en la isla en viviendas privadas, una labor que yo creía que correspondía a los ayuntamientos o policías nacionales, pero se ve que en Ibiza es competencia de Vicent Marí . No hace falta recordar que ambas instituciones no están gobernadas por la izquierda, pero mientras tanto nada se sabe de las responsabilidades de la Delegación del Gobierno, y tampoco del Ayuntamiento de Palma, que sigue sin dar la cara por autorizar el concierto de reguetón donde se produjeron multitud de contagios. Porque lo de responsabilizar de esta quinta ola a los jóvenes de los viajes de estudios se ha demostrado que era un débil argumento de los palmeros de siempre para blindar al Govern de Armengol , pero el tiempo ha dejado las cosas en su sitio. Tampoco parece que tenga mucho recorrido la denuncia contra las agencias de viajes que trajeron a los estudiantes cumpliendo las normativas vigentes, y ya veremos qué pasa con los organizadores del reguetón y esa multa de 600.000 euros, si es que las sanciones ahora mismo son legales o se anularán en un futuro, como las del estado de alarma, otra chapuza jurídica del Gobierno de Sánchez.

De esta quinta ola solo podemos esperar que las vacunas hagan su trabajo con la población más joven porque los responsables políticos han demostrado, de nuevo, que no están a la altura de las circunstancias pese haber arrancado la temporada con unos buenos datos epidemiológicos que permitían reactivar el turismo, pero con más de 600 casos por cada 100.000 habitantes es cuestión de días que se impongan vetos desde los mercados emisores para viajar a Balears. En este caso, a diferencia de las anteriores olas, dan una evidente muestra de agotamiento, incluso hasta de pereza por controlar esta situación.