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Poco o nada le deben importar a Francina Armengol las dificultades judiciales de su directora general de Salut Pública cuando a los ventanales de su despacho del Consolat de Mar llega el eco de las voces que en la calle culpan abiertamente a los jóvenes en viaje de estudios del brutal repunte en el número de contagios por la COVID-19. A modo de breve recapitulación: el sábado 25 de junio, los estudiantes que han de ser conducidos por la Guardia Civil al hotel de confinamiento se niegan y, ante las dudas de los agentes por la insuficiencia de una orden verbal, la directora general dicta una resolución administrativa que ordena la medida; pero el encierro hotelero duró apenas unos días porque el Juzgado de lo Contencioso anuló la decisión por falta de justificación proporcionada al aislamiento de más de doscientas personas.

Al margen de que haya que dudar de que la directora general determinara el confinamiento sin el plácet de su consellera y de la misma presidenta del Govern, lo cierto es que Antonia Font, así se llama la directora general, está siendo investigada judicialmente por la querella por detención ilegal presentada por la familia de uno de los estudiantes, y es sólo una de las tres demandas judiciales interpuestas. El transcurso de las semanas ha puesto de manifiesto que probablemente tenían razón quienes pedían medidas más duras contra los viajes de estudios, pero también que los botellones, de turistas y de indígenas, y buen número de celebraciones populares estaban, están, en el origen de la nueva oleada vírica. No sólo los jóvenes que pudieron venir de fuera sin cortapisas, y sus papás, son unos irresponsables.

Desde el Govern balear no se ha dudado en declarar el acatamiento de las disposiciones judiciales, con el añadido, sin embargo, de mostrarse decidido a actuar de igual manera en una situación similar. Lo cual no deja de ser una forma suave de remedar los comportamientos del Gobierno de España contra la Justicia cuando sus fallos no se someten a los intereses partidistas de Pedro Sánchez. De ahí la feroz ofensiva contra el Tribunal Supremo por su informe sobre los indultos, contra el Tribunal de Cuentas por la exigencia de responsabilidades económicas a los presos catalanes indultados y contra el mismo Tribunal Constitucional por el varapalo recibido por las formas del estado de alarma.
Los tiempos judiciales darán y quitarán razones pero lo sucedido debería servir para incitar a la reflexión acerca de que el fin no justifica los medios. Las sucesivas oleadas de contagios por el virus han sembrado un miedo cerval a la enfermedad, a pesar del interés de los gobernantes por declarar vencida la pandemia; lo hizo Pedro Sánchez hace un año y lo ha repetido con los primeros calores del verano al revocar la obligatoriedad del uso de la mascarilla en determinadas circunstancias.

Solo ese miedo permite explicar la renuncia ciudadana a derechos fundamentales como los de reunión, circulación e, incluso, a la libre expresión. Pero el desistimiento de derechos fundamentales es temporal y en ningún caso un cheque en blanco para que el poder, Pedro Sánchez, Francina Armengol, puedan determinar su suspensión y actuar al margen de los controles y equilibrios que son sostén fundamental de la democracia.