Primero fue el proyecto de reapertura de sa Garrigueta Rassa y ahora el de la cantera de Can Rosselló, ambas situadas junto a una zona ANEI y muy cerca de viviendas. Las quejas, las alegaciones a los proyectos y las movilizaciones de los vecinos dejan bien claro que no están dispuestos a aceptar su reapertura, aunque venga disimulada bajo una supuesta rehabilitación que debería haberse exigido cuando se cerraron, pero con licencia de explotación durante 30 o 25 años, bien como cantera o bien como vertedero de escombros.
La plataforma de entidades ciudadanas en ningún caso parece dispuesta a aceptar el peligro de que otra voladura vuelva a lanzar piedras sobre las viviendas cercanas, como ya ocurrió en el año 2004 y motivó el cierre de ambas canteras por orden judicial, ni a sufrir el ruido y las vibraciones continuadas del martillo mecánico ni a esperar que se produzca algún accidente grave con camiones en una carretera estrecha, sin arcenes, muy transitada y que es usada incluso por escolares para ir al colegio caminando, además de la destrucción de zona ANEI y el peligro de contaminación de acuíferos.
Los informes técnicos y jurídicos, a emitir desde las instituciones públicas con competencias en la tramitación de los proyectos, no van a ocultar la responsabilidad de decisiones políticas que pueden optar por proteger el interés general que representa la demanda de protección del medio, seguridad y salud que hacen los vecinos o por priorizar los intereses particulares y lucrativos de dos empresas concretas.
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