Lavarse las manos

Desde que aquella violación grupal de una niña en la noche de Navidad puso en evidencia una realidad monstruosa de la que la mayoría no teníamos noticias, hemos esperado una respuesta que conjugase la investigación de los hechos –hasta donde hiciese falta– con la búsqueda honesta de soluciones. No hemos tenido ni lo uno ni lo otro.

Decía Romanones en una ocasión que lo que a él le daba miedo en términos políticos era «lo que se hace, lo que se hace y no se dice y lo que se dice cuando no se sabe qué hacer».

Ciertamente, este cierre en falso conjuga los tres temores de Romanones. Dar carpetazo al tema de las niñas prostituidas en esos términos, es la triste asunción de la incapacidad para solucionar uno de los problemas probablemente más graves al que nos estamos enfrentando en Balears como sociedad. Pero también la cobarde negativa a asumir la más mínima responsabilidad. O lo que es lo mismo, poner por delante la propia supervivencia política antes que el bienestar de esos menores.

De no ser una sociedad aletargada, tanto lo uno como lo otro, debería llevarnos a exigir que quienes no son capaces de hacer nada más, lo mejor es que dejen que sean otros quienes lo intenten. De sus partidos o de otros. No importa. Simplemente alguien a quien de verdad le interesen esos niños y que esté dispuesto a hacer algo por ellos más allá de invocar al patriarcado –como Fina Santiago – o a los males de la sociedad.

Piensen que un menor no acaba siendo tutelado por el Consell de Mallorca por su voluntad. Son los Servicios Sociales los que deciden, sin que medie necesariamente orden judicial, cuando debe arrebatárseles a unos padres la custodia de sus hijos.

Las razones son diversas. Algunas como el maltrato, el abandono o la adicción al alcohol o las drogas, por parte de los progenitores, están bastante claras.

Otras pueden ser subjetivas y depender exclusivamente del criterio de la percepción del trabajador social. Me refiero a la falta de recursos de los progenitores, la dejadez a la hora de cuidarlos o un inadecuado entorno social.

Supongamos que en todos los casos la evaluación que se hace de la situación del menor es acertada y que efectivamente, precisa de la tutela del Consell de Mallorca.

En circunstancias normales, nos podría parecer bien, pero tras lo acontecido con las niñas prostituidas y tras saber que no se trata de casos aislados, sino que se han repetido en el tiempo ¿Qué garantías existen de que la Administración va a ejercer esa tutela de manera adecuada?

Y cuando por parte de los políticos la única respuesta que se da a esta prostitución de menores institucionalizada es que «hay explotación infantil porque hay explotadores», llegamos a la conclusión de que para esos niños que vienen de situaciones por las que ningún niño debería pasar, entrar en un centro de menores es como traspasar la puerta de la casita de chocolate con la bruja dentro: una trampa mortal.

Es ese indigno lavarse las manos lo que hace que un sistema creado para dar seguridad a los menores, salte por los aires. No importa lo bien que puedan hacerlo los técnicos, los políticos ya han sentenciado que se seguirá prostituyendo a niñas y niños en Balears, poco menos que porque ese es su destino.