Marc GonzálezMadrid30/04/21 4:01
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La UE está decidida a ahogar al sector pesquero tradicional del Mediterráneo en pro de los intereses de la potente flota atlántica, cuyos puertos de base se hallan en los países que dirigen el cotarro. Con la complicidad del Gobierno español, y la pasividad de algunos autonómicos –entre ellos el Govern–, se masacra a un sector tradicionalmente abandonado por los poderes públicos y que resulta estratégico, tanto para implantar hábitos de consumo saludables entre los más jóvenes, como para atender la demanda derivada de nuestra principal actividad productiva. Queremos un turismo de calidad, y poder servirle producto local, pero consentimos que el ochenta por ciento del pescado comercializado en Balears proceda del exterior. Y, por supuesto, la calidad del producto local del Mediterráneo es incomparable con cualquier otra. Así que, al final, se consume un peor producto que, además, deja una enorme huella de carbono, contribuyendo decisivamente a la contaminación, algo que se oculta solo por el escándalo que conlleva.

Los dirigentes políticos tienen pánico a enfrentarse con los lobbies –supuestamente ecologistas– que actúan como aliados esenciales de los intereses de Bruselas y en contra de los nuestros. Entidades como OCEANA son el ariete de la UE en contra de la supervivencia de nuestro sector pesquero. Y, sin embargo, los medios de posicionamiento global actuales con que cuentan las embarcaciones, unidos a una perfecta cartografía de los fondos marinos, permitirían sin problema alguno que arrastreros de nuestros puertos faenaran con normalidad sin dañar en lo más mínimo las zonas en las que se encuentran las especies animales o vegetales protegidas. De hecho, cuando hace unos años se prohibió la pesca de arrastre en el Canal de Menorca, los estudios previos del Instituto Español de Oceanografía ya demostraban que el canal conservaba una enorme riqueza y diversidad ecológica, sin que el limitado número de barcos de arrastre que allí faenaban desde hace casi un siglo lo hubieran dañado en lo más mínimo. Pese a ello, se les prohibió seguir trabajando, sobre la base de meros prejuicios e intereses ocultos de terceros países, a cuyos designios nos plegamos fácilmente.

u Los ejecutivos progres en Balears asumen sin rechistar lo que nos viene impuesto desde fuera y escuchan como palabra divina las consignas de grupos de presión afines en contra del sector pesquero, mientras amparan, desde hace décadas, la existencia de emisarios de aguas residuales que arrasan miles de hectáreas de Posidonia Oceánica en nuestras costas, o incluso quieren instalar otros nuevos, como pretende el Govern en Son Bauló. Lo denunciaba hace unos días el presidente de la Associació de Navegants del Mediterrani, Biel Dols , en Canal 4. Se criminaliza a las embarcaciones de recreo, y no digamos ya a las pesqueras, mientras el SEPRONA ha denunciado que un solo emisario en la bahía de Palma ha devastado unas 200 hectáreas –300 campos de fútbol como el de Son Moix– de posidonia, un gigantesco delito contra el medio ambiente. Sólo el alcalde de Santa Margalida, Joan Monjo , se ha enfrentado a esta tropa. Sobre esto, OCEANA calla.