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Vuelve a recrudecerse el agriado debate sobre la identidad española, sobre todo en la corte madrileña. Ahora a cuenta de todo lo del padre del jefe del Estado. Aprovechando el gran favor que ha hecho el Borbón viejo a la causa republicana, ha revivido con fuerza el otro debate. Que si unos piden la reforma constitucional para asumir la plurinacionalidad, que si otros quieren la liquidación de las autonomías, que si los ‘indepes’ quieren el “derecho a decidir”, que si el permanente sí pero no de Pedro Sánchez - sobre esto y todo lo demás -…

Pocas cosas entretienen más -en política y, también a veces, en la barra de un bar - que el cruce de vehementes opiniones sobre la cuestión. Llevamos ya diecisiete años con la discusión. El 13 de noviembre de 2003 el entonces aspirante a la presidencia del Gobierno -que alcanzaría meses después, al ganar las elecciones de marzo del año siguiente -, José Luis Rodríguez, dijo, en un acto político de la campaña electoral catalana, que “apoyaré el proyecto de (reforma del) Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”, lo que desató un aplauso unánime y fortísimo, entre vítores, del respetable, formado por unos 16.000 socialistas catalanes. 

A partir de ahí ya nada fue igual. La fuerza de lo que ahora se llama soberanismo se disparó al alza y la anulación de parte de ese nuevo Estatuto por parte del Tribunal Constitucional, en 2010, no hizo más que intensificar el debate. Hoy España en muchísimo más débil de lo que era entonces y el separatismovasco y catalán han ganado esa guerra política. Es verdad: ninguna de las dos regiones se ha independizado todavía, pero en ambas ya se ve la consecuencia de la victoria nacionalista.

Así es. En el País Vasco ya no existen apenas trazos españoles. Las primeras elecciones autonómicas vascas se celebraron el 8 de marzo de 1980. En estos cuarenta años transcurridos sólo en un 10% de ese tiempo no ha habido un gobierno nacionalista en la región. El cual, por cierto, no se atrevió a tocar ninguno de las esencias ideológicas y políticas del nacionalismo institucionalizado. En estas dos generaciones vitales y unas cuatro generaciones políticas transcurridas, España ha ido desvaneciéndose del País Vasco. No por perversión, no por voluntad de alterar, no por nada diferente a la lógica democrática. En 1980 votó nacionalismo el 64% de los vascos que participaron en los comicios, el pasado día 12 de julio lo hizo el 68%. Con esa realidad política que lo español fuera desvaneciéndose en el seno social era cuestión de tiempo. Como así ha sido. Hoy España ya no existe en la sociedad del País Vasco. 

En Cataluña el proceso ha sido diferente. Primero porque el nacionalismo catalán nunca ha tenido el concurso de la violencia política. Aunque quede bien decir que la violencia no sirve de nada, en realidad cualquier persona formada en el mínimo de historia política sabe que es un instrumento útil para la consecución de objetivos que de otro modo no tendrían ninguna posibilidad de conseguirse. Será rechazable desde la ética y sin duda es del todo inmoral, pero es eficaz y eficiente. Siempre y cuando, eso sí, tenga un suficiente apoyo social, como era el caso vasco. En Cataluña, sin embargo, el nacionalismo no quiso usar la violencia. Rehusó los intentos que se dieron -Terra Lliure, sobre todo – y optó por la vía de Jordi Pujol y su CiU: el pacto en Madrid aguantando al rey y al gobierno de turno cuando lo necesitaba a cambio de aumentar el autogobierno. Todo cambió hace diecisiete años. En aquel momento, unas nuevas generaciones vitales y políticas llegaban a las direcciones del nacionalismo político – CDC y ERC –, del PSC y del espacio a su izquierda -que mutaba de nombre continuamente y que recogía, en esencia, lo que hoy es Ada Colau y sus cosas -: por debajo de los líderes indiscutidos -Pujol, Maragall, Carod – Rovira… - sacaba cabeza una forma de hacer política desacomplejada. En el socialismo se hablaba con toda naturalidad de la España plurinacional. En el nacionalismo, de independencia. En la ultraizquierda, no se mostraban contrarios a lo que hoy es el llamado soberanismo. Esa nueva generación de dirigentes políticos ya no entendían España como ésta había sido. No porque fueran bichos raros sino porque la sociedad catalana, a lo largo de las cuatro décadas de autonomía, también -aunque menos que en el País Vasco – había ido desembarazándose de España. 

Así que cuando Rodríguez dijo aquello, en noviembre de 2003, la gran mayoría de los representantes políticos catalanes le aplaudió. De alguna forma acrisoló el “derecho a decidir”. Que al ser cercenado por el Tribunal Constitucional en 2010, esa sociedad que de veras creía en ese derecho adoptó el separatismo, sin esfuerzo alguno, de forma natural, porque, de hecho, ya era socialmente independentista en su mayoría aunque no políticamente. El nacionalismo mutó a la sazón a separatismo a las claras. Aún así, las décadas de pujolismo fueron y son un lastre para el avance político y electoral separatista: en las elecciones de 1980 el nacionalismo sumó el 42% de los votos y en la últimas el 47,5%, un registro que está muy debajo del vasco. Por eso todavía está inconcluso el proceso de desespañolización de Cataluña, pero está en marcha y dado que en Madrid no se enteran -o no quieren enterarse – ya se ha llegado a la superación del particular Rubicón independentista, en el sentido que ya no hay marcha atrás posible. Se puede retrasar el proceso pero es imposible revertirlo. De hecho todo apunta que avanza en progresión geométrica y en estos momentos ya hay encuestas que auguran la mayoría absoluta de votos independentistas en las próximas elecciones catalanas. 

Así las cosas, España ya es el País Vasco un mero cascarón sin nada español en su interior y sigue el mismo camino en Cataluña. Es mera cuestión de tiempo que la fuerza expansiva separatista rompa ambos cascarones. No se sabe cuándo pasará. Pero todo indica que en Madrid ya nadie duda de que así ocurrirá y de ahí que a lo único que aspira la cortes sea a retrasar lo inevitable lo más que pueda.