La breve visita de obligado cumplimiento de Pedro Sánchez a Palma, para departir con Borbón sobre no se sabe muy bien qué, culminó estas vacaciones con el desplazamiento a la sede del gobierno regional, donde su compañera de partido, Francina Armengol, trabaja desde junio de 2015. Todo fueron sonrisas y buen rollito, como es norma en este tipo de encuentros protocolarios que no tienen un orden del día ni, mucho menos todavía, intención de concretar acuerdo alguno.
Por eso mismo, por no tener razón de ser más allá del encuentro en sí mismo, sorprendió que nuestra jefa de gobierno se desmelenara con una valoración política de la visita según la cual ambos ejecutivos trabajarían a partir de ahora con denuedo en la consecución del archi famoso REB, o Régimen Especial de Baleares. Talmente como si hasta la fecha no hubiera hecho nada de nada al respecto, lo cual es cierto y deja la confesión como un desliz de insólita sinceridad tratándose de políticos. ¿Cabe confiar en que el Gobierno nacional de Sánchez sea más sensible al REB que el de Mariano Rajoy? La experiencia aconseja mucha prudencia. Más todavía: escepticismo. Sobre todo porque tal y como se plantea en Palma el régimen de privilegios susodicho es un imposible legal. Ni la Unión Europea (UE) lo aceptaría jamás ni tampoco en el Congreso sería posible aprobarlo. Recuérdese: la UE acepta privilegios fiscales nada más que para las regiones llamadas ultraperiféricas, la más cercana de las cuales es Canarias, a casi 1.000 km del Continente; de broma es suponer que las Baleares, a 200 km, puedan caber en el cesto. No menos importante es la falta de apoyos parlamentarios que tiene el PSOE -si es que de veras el partido federal quisiera aprobar los privilegios isleños- para sacar adelante una ley sin sentido de discriminación objetiva de una región rica para serlo más en relación a las pobres de España. Una reivindicación típica del nacionalismo que en Madrid desdeñan aunque se la tragan cuando se trata de Cataluña y País Vasco porque a la fuerza ahorcan, pero como todos sabemos no es nuestro caso.Por estas razones Sánchez no quiso comprometerse a nada en Palma. Excepto a ese siempre recurrente, en boca de políticos, “trabajar” sin descanso en pos del objetivo, un deseo tan sincero como cuando anuncian una comisión de estudio para equis cosa y la cosa queda así condenada a dormir el sueño de los olvidados por siempre jamás. Otra cosa es que como Armengol necesita con desespero algo que pueda parecerse, aunque sólo sea en el nombre, al REB, acepte al final lo que Sánchez quiera darle, que no puede ser ni privilegio fiscal ni mucho menos obligaciones de inversión del Estado en la región. Y al respecto de esto último conviene conocer que la justicia ya ha dictaminado que una ley, ni siquiera una orgánica como es un estatuto de autonomía, no hablemos ya de otra común, como sería el caso, no puede obligar a inversiones concretas del Estado en una región pues éstas deben canalizarse a través de convenios bilaterales firmados ad hoc. Si no, no hay nada que reclamar. Que es una manera de decir que ya pueden ponerse cantidades fijas en las leyes -hágase memoria con los 400 millones anuales de inversión obligada del Estado en Balears que incluyó la reforma del Estatuto isleño en 2007, tan celebrados en su momento como nunca llegados con posterioridad- que no sirven para nada. Dicho de otro modo: un REB con ningún privilegio fiscal y con mucha palabrería de inversión sin efectiva obligación alguna podría alumbrarse antes de las elecciones autonómicas del próximo año, para que sirviera de banderín de enganche electoral de Armengol.
Sin comentarios
Para comentar es necesario estar registrado en Ultima Hora
De momento no hay comentarios.