ETA, Rajoy y la nueva España sin Cataluña ni País Vasco

El acto protocolario del fin de ETA ha servido para que emerja el debate sobre aquello de lo que tantos y tantos no quieren hablar: la política penitenciaria favorable a los asesinos. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, asegura que de ninguna manera habrá acercamiento de presos ni, mucho menos, trato de favor a los criminales etarras para que salgan en libertad antes de lo que les tocaría. Miente. Igual que miente cuando dice que no se ha producido nada de esto en los años que lleva al frente del ejecutivo. Recordemos: tras la sentencia del caso Parrot en 2013 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el gobierno del PP se apresuró a liberar a todos los etarras afectados por ella –entre otros presos- y se nos dijo que “no hay otro remedio”. Mentira. El artículo 15 de la Convención Europea de Derechos Humanos establece que se pueden suspender derechos civiles “en caso de guerra o en caso de otro peligro que amenace la vida de la nación” –la negrita es mía-, que es el supuesto al que por ejemplo se acogió muchas veces el gobierno de Londres para hacer oídos sordos y no acatar de forma inmediata sentencias del susodicho tribunal, sobre todo -aunque no siempre- relacionadas con el terrorismo del IRA. Rajoy podría haber optado por una vía semejante invocando la excepcionalidad de la doctrina Parrot por “la amenaza a la nación” que implicaba el terrorismo de ETA, no tanto para incumplir la sentencia cuanto para retrasarla, años incluso, y no habría pasado nada. Sin embargo tardó escasos días en liberar etarras. ¿Por qué? En efecto: tienen ustedes razón, si son malpensados y han contestado lo único posible. Así que por tanto a partir de ahora se iniciará, y es bueno que así sea porque no existe otro camino, un proceso largo de iniciativas discretas que tenderán a, primero, acercar presos etarras al País Vasco y, segundo, a excarcelarlos, siempre, eso sí, con alguna excusa legal al estilo sentencia europea contra la doctrina Parrot o cualquier otra, mismamente la llamada Vía Nanclares: pedir perdón de forma individual, sin necesidad de acto de contrición pública, y acogerse a beneficios penitenciarios e incluso al indulto. ¿Cuánto durará este proceso? No se sabe, pero sí cuándo comenzará. En la próxima reunión del Pacto Antiterrorista, que ya se ha anunciado su convocatoria, en la que habrá alguna parte que pedirá el acercamiento de presos. No se aceptará formalmente pero en la práctica será sin duda el comienzo. Sea cuando sea que termine el proceso, los asesinos acabarán en la calle, la mayoría de ellos antes de que cumplan el total de sus condenas. Y el País Vasco se normalizará políticamente al fin de forma absoluta. A la sazón, qué duda puede caber, ya hará tiempo que no habrá políticos catalanes presos –si los asesinos son liberados, cómo iba a mantenerse encerrada a gente pacífica-, y, más importante, este independentismo ya dispondrá de un nuevo encaje en España, semejante al vasco. Una vez que País Vasco y Cataluña estén casi a la par en autogobierno, a años luz del resto de autonomías, acabarán el trabajo de hacer desaparecer todo lo que sea español en sus territorios –fase casi ya terminada en Euskadi y que avanza rápida en el Principado- excepto la representación simbólica de las instituciones nacionales. A la sazón España será incapaz de hacer frente a una ofensiva separadora que al alimón las dos naciones pongan en marcha. ¿Cuándo ocurrirá? No se puede saber. Pero el calendario no es de décadas