La Justicia debe llegar hasta el final del caso Martinelli

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La galerista mallorquina Indira Brunot ha denunciado, en una entrevista exclusiva con este periódico, que el expresidente de Panamá la sometió a humillaciones y vejaciones continuas durante sus años de noviazgo, que culminaron cuando ella denunció que estaba siendo espiada por un grupo de guardias civiles y vigilantes, por encargo de Ricardo Martinelli, durante sus vacaciones en la Isla. Tras investigar lo ocurrido, una jueza de Palma ha imputado al político por un delito de malos tratos y ha anunciado que lo interrogará a través de una videoconferencia, tras designarse una comisión rogatoria entre España y Panamá. El relato de la víctima es realmente espeluznante y aunque el millonario niega los cargos, parece ser que los investigadores han recabados indicios suficientes para confirmar que Indira Brunot fue acosada de forma sistemática, para seguir todos sus movimientos. Se trata, por otra parte, de un tipo de chantaje tristemente habitual en la violencia machista.

Las dificultades judiciales.
Tampoco hay que obviar que durante muchos meses los juzgados palmesanos se encontraron con serios problemas para contactar con Martinelli o su entorno, y que incluso la Fiscalía llegó a pedir el archivo de la causa porque no conseguían localizarlo. No es de recibo que si un acusado es poderoso y tiene suficientes medios a su alcance pueda sustraerse a la acción de la Justicia.

Una trama también policial.
Además, hay un punto especialmente llamativo en esta trama. Martinelli, supuestamente, contrató a una serie de guardias civiles de Mallorca, así como a un empresario de una empresa de seguridad y a algunos vigilantes, para que siguieran día y noche a su novia. Los agentes fueron detenidos y algunos de ellos ya no están en el Cuerpo. El grupo, si no hay novedad, será juzgado junto al político porque cometieron distintos delitos mientras acosaban a Indira Brunot en 2022.