En un miércoles aciago para el Gobierno, la pinza formada por el Partido Popular y Junts ha originado un duro castigo al ejecutivo presidido por Pedro Sánchez y ha tumbado una serie de decretos que habían llegado al Congreso para su aprobación. En juego estaban una serie de medidas variopintas, impuestos a energéticas y, sobre todo, la revalorización de las pensiones. Previamente, los socialistas habían fracasado en su negociación con los de Puigdemont y la reacción de los independentistas catalanes, apoyados por la derecha, no se hizo esperar. Miriam Nogueras, portavoz de Junts, fue especialmente dura con el Gobierno, al que dirigió calificativos como «trileros», «piratas» o «chantajistas».
Diez millones de pensionistas.
Al margen de la bronca política, la realidad es que se han multiplicado las dudas sobre la viabilidad de la legislatura. De paso, también han salido perdiendo los pensionistas de este país. Se trata de un colectivo vulnerable, generalmente con un bajo poder adquisitivo que durante los últimos años ha padecido la inflación y ha visto como se disparaban los precios. En España hay más de diez millones de pensionistas (y en Balears unos 187.000), que son las víctimas de estas guerras políticas fraticidas, como la que se representó ayer en el Congreso. Llegar a final de mes para una gran mayoría de ellos es, en muchas ocasiones, una auténtica odisea, por lo que este tipo de noticias sobreacrecienta su desasosiego en estos tiempos difíciles.
Un nuevo decreto de pensiones.
En cualquier caso, el Partido Popular y Junts han garantizado su apoyo a la revalorización de las pensiones en el caso de que el Gobierno apruebe un nuevo decreto, lo cual arroja más leña al fuego. Los ciudadanos de a pie, y en especial el colectivo de pensionistas, no se merecen este espectáculo entre políticos.
