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La Delegación del Gobierno intentó expulsar del país a George Virgiliu Teianu, el hombre rumano que el martes mató a puñaladas y delante de su hija de dos años a su pareja, María del Rosario Díaz Jiménez, a la que todos conocían como ‘Chari’. La Policía Nacional había informado a este organismo de la peligrosidad del delincuente, que tenía antecedentes por violentas agresiones y otros delitos. Sin embargo, el asesino se aprovechó de una argucia legal y recurrió su expulsión, alegando que tenía arraigo en España, dos hijas y un trabajo como albañil. El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) valoró el recurso y finalmente suspendió el decreto de expulsión. De hecho, la Sala de lo Contencioso Administrativo estimó una medida cautelar al entender que primero se tenía que resolver el fondo de la petición. En este sentido, se tuvo en cuenta que George debía ser juzgado por varios delitos y que si se le expulsaba nunca regresaría para dar cuentas ante la Justicia. De momento, varios bufetes de abogados han rechazado defender al acusado del crimen, alegando distintos motivos.

El sistema tiene lagunas.

Estos nuevos datos sobre la no expulsión del violento carterista ahondan en una idea: el sistema de protección de las víctimas es generalmente muy efectivo, pero también presenta serias lagunas. No hay que olvidar que el asesino llevaba una pulsera de maltratador, pero nadie detectó que se había acercado a Chari, su víctima, porque el aparato receptor estaba en la casa familiar.

Respuestas.

En 2016, el crimen de Lucía Patrascu en Pollença, una mujer que acudió al cuartel a pedir ayuda y no la obtuvo, marcó un punto de inflexión y se mejoraron los protocolos de actuación en violencia de género. Es de esperar que ahora se adopten las medidas necesarias para que los fallos actuales no se repitan.