EditorialPalma05/08/24 0:30
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Los criterios que se aplican para la financiación de las autonomías llevan ya una década caducados. Aprobados en julio de 2009 con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP, tenían que haber sido revisados y actualizados cinco años después, pero hoy sigue en vigor un modelo que no responde a la realidad de la evolución demográfica y la población ni los cambios que se han registrado. Y en el caso de Balears, resulta particularmente gravoso para los ciudadanos y las empresas de las Islas al ser una de las tres comunidades –junto con Madrid y Catalunya– que es aportadora neta a la solidaridad territorial, lo que implica la pérdida de recursos fiscales, que reciben otras autonomías. Este lesivo sistema puede ser aún más pernicioso para el Archipiélago si, en virtud del pacto acordado por ERC y el PSC-PSOE para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat –un acuerdo político cuya letra pequeña y trascendencia aún se desconocen– Catalunya recaudará y gestionará todos sus impuestos.

El desconocido pacto ERC-PSOE. O sea, ¿qué supondrá para Balears que Catalunya deje de formar parte de las comunidades de régimen común para acceder a un régimen foral, similar al que ya disfrutan en la actualidad el País Vasco y Navarra? La presidenta Prohens advierte, con contundencia, que no aceptará ningún tratamiento singular para Catalunya que acaben pagando los ciudadanos de Balears. Es preciso conocer el contenido y el alcance del acuerdo suscrito por ERC y el PSOE.

Riesgo de aumentar las desigualdades. Además de no afrontar la necesaria reforma del sistema de financiación autonómica, el Gobierno de Pedro Sánchez pacta un trato específico para la Generalitat; todo ello con el riesgo de incrementar las desigualdades por un sistema que prescribió en 2009, pero nadie se ha atrevido a reconsiderar, con regiones sobrefinanciadas como son Navarra y el País Vasco.