EditorialPalma03/08/24 0:30
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Han tenido que transcurrir más de cinco años para que el Régimen Especial de Balears cuente con el reglamento que concrete su aplicación efectiva. El Gobierno de Pedro Sánchez, que aprobó el REB en febrero de 2019, ha tardado más de un quinquenio en dar luz verde a esta regulación. Es un instrumento normativo indispensable para convertir en hechos los enunciados, principios y objetivos contenidos en el documento que validó el Consejo de Ministros bajo la presidencia de Pedro Sánchez. No se comprende la demora en aprobar el reglamento del REB, en la línea de lo que ya manifestaba el conde de Romanones: «Hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos. Se habían desarrollado algunos aspectos, pero las medidas destinadas a compensar los sobrecostes de la insularidad se podrán aplicar a partir de ahora con plena eficacia. Constan de tres grandes ejes de actuación: transporte, energía y el factor de insularidad, un nuevo instrumento financiero para aumentar la inversión pública en el Archipiélago.

Asignatura pendiente.

Este reglamento era una asignatura pendiente para evitar que el REB de 2019 quedara en una mera declaración de buenas intenciones. Las alegaciones presentadas por el Govern al reglamento han aportado más seguridad jurídica y también reducido y agilizado los numerosos requisitos que se exigen en el decreto.

Mismas condiciones que en la Península.

El REB ha de mejorar la competividad de empresas y autónomos de Balears, que han de producir y comercializar en idénticas condiciones que en la Península. La aprobación del reglamento era una prioridad que no se podía retrasar más. El REB aprobado en 2019, que ahora se podrá desarrollar, estará vigente hasta 2028, debe ser objeto de actualización, lo que exige entendimiento, voluntad política y lealtad institucional entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Govern de Marga Prohens.