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El acuerdo alcanzado entre el Govern y los promotores para construir 14.000 viviendas a precio tasado es una buena prueba de que, con el esfuerzo de todos, es posible lograr que el acceso a la vivienda digna no sea un objetivo inalcanzable en las Islas. Esa fórmula permite rebajar hasta el 50 por ciento el coste final de los inmuebles, en función de las calidades y eficiencia energética de la construcción, lo cual evidencia que existen herramientas que permiten incidir de manera eficaz en el coste final que deben asumir los futuros propietarios; en este caso gracias a la colaboración público-privada. La vivienda tasada es un producto con enorme demanda entre las clases medias, el cual había quedado aparcado debido a que sus precios habían quedado obsoletos y sin interés para los promotores.

Agotar todas las posibilidades.

Es público y notorio que el de la vivienda es una de las cuestiones prioritarias en la lista de preocupaciones ciudadanas, los precios han alcanzado unos niveles que la hacen prácticamente inasumible para las posibilidades económicos de la mayoría de los residentes. Por tanto, cabe celebrar la activación de esta modalidad aunque sea de manera casi testimonial con la inminente salida al mercado del primer paquete de cien viviendas. Cabe suponer que el éxito de su casi segura venta servirá de acicate para acelerar en los próximos años nuevas construcciones hasta equilibrar la demanda, el impacto en el mercado inmobiliario debería ser positivo.

La respuesta institucional.

Sin embargo no debe obviarse el papel central de los ayuntamientos en este proceso. Aclarar las normas urbanísticas, acelerar la concesión de licencias y rebajar las tasas son acciones que sin duda generarán el interés de los promotores por trabajar en este segmento. Junto con la acción directa de la Administración, mediante la construcción de VPO, es posible reconducir la situación sin propuestas de dudosa eficacia.