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La Constitución española ha cumplido 44 años de vigencia, período en el que se ha mostrado como una herramienta eficaz –y duradera– para la convivencia democrática de todos los ciudadanos. Su redacción, fruto el espíritu de consenso que guió la Transición, ha permitido establecer de manera pacífica los actuales marcos jurídicos del Estado, todo un logro histórico para nuestro país. Sin embargo, todos estos logros de la Carta Magna corren el peligro de quedar neutralizados por el uso y abuso que se hace de ella por parte de las fuerzas políticas en sus pugnas coyunturales. Mucho se habla de respetar la Constitución por parte de los dirigentes –con independencia de su ideología–, pero poco de cumplir con sus exigencias; una dinámica que a nadie beneficia por lo que significa de falta de respeto a la principal de nuestras leyes.

La reforma pendiente.
Poco o nada se habla ya de la reforma constitucional, que años atrás se planteaba para abordar determinados aspectos referidos a la Corona o al encaje de las comunidades en un Estado plurinacional. La falta de sosiego político, la ausencia de objetivos comunes y la escasez de altura de miras de los principales responsables políticos permite que se pospongan los cambios necesarios para modernizar un texto que se redactó hace más de cuatro décadas. Mientras, y esta es la realidad, se prefiere su incumplimiento palmario en una cuestión tan delicada como es la de la separación de poderes con la designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial.

Espíritu vigente.
El espíritu de la Constitución de 1978, denostado por algunos, sigue vigente en la mayoría de los españoles y es un valor que se debe saber transmitir a las futuras generaciones. Esa es, precisamente, la fortaleza que le ha permitido sobrevivir a todos los avatares pero cuya defensa no puede sostenerse en el inmovilismo; se requiere valentía y determinación.