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El Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos retomaron ayer la negociación para la reforma de las pensiones, que incluirá la subida gradual de las cotizaciones máximas a la Seguridad Social durante las próximas tres décadas. La última reunión se celebró el 12 de septiembre. Estas semanas los agentes sociales se han quejado por la falta de concreción para definir el nuevo sistema de pensiones. Entre estas cuestiones figura la adecuación del periodo de cómputo para cubrir lagunas de cotización y mejorar el tratamiento de las mismas, así como la subida de las bases y pensiones máximas. El ministro José Luis Escrivá no ha definido la propuesta del Gobierno, pero ha trascendido que la subida de esa base por la que cotizan los salarios más elevados sea del 30 por cien de forma gradual durante 30 años. También se plantea cambiar el mecanismo de equidad intergeneracional que se aplicaría de forma automática hasta 2050.

Prorroga al primer trimestre de 2023

Antes de despedir el año concluía el plazo fijado por la Unión Europea para que el Gobierno de España concrete la reforma de las pensiones con el objetivo de garantizar su sostenibilidad y viabilidad. Pero el Ejecutivo formado por el PSOE y Unidas Podemos ha conseguido prorrogar hasta el primer trimestre del 2023 para presentar a Bruselas el nuevo sistema.

La incertidumbre de la reforma

No se ha alcanzado acuerdo sobre la subida progresiva de las bases de cotización, la pensión máxima y el periodo de cómputo para el cálculo de la jubilación. Es preciso definir los ajustes que, más pronto que tarde, tendrán que asumir trabajadores y pensionistas. Hay que acabar con la incertidumbre sobre el nuevo modelo, teniendo en cuenta que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y dos meses, y que los fondos de pensiones privados se desinflan por el recorte de los beneficios fiscales. La avalancha de jubilaciones que se avecina implicará más aportaciones y menos prestaciones.