El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer en su visita a la Isla el desbloqueo de la parte fiscal del Régimen Especial de Balears (REB), aprobado en febrero de 2019 por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Dijo que el articulado de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 incluirá estos incentivos fiscales, que cuantificó en 349 millones de euros. La bonificación de los extracostes constituye una reivindicación histórica de las fuerzas políticas, asociaciones empresariales, sindicatos y entidades como la Fundació Impulsa, las cámaras de comercio y los Cercles d’Economia de Mallorca y Menorca. Lo cierto es que, hasta ahora, el Congreso, con los votos del PSOE y Podemos, había aplazado hasta en 28 ocasiones la tramitación de las medidas fiscales del REB. El PP logró que se tomaran en consideración en el Senado, con el voto en contra del PSOE, pero el Congreso no las había tramitado.

Paralizadas desde febrero de 2019.

En su anterior visita a Mallorca, en agosto, tras reunirse con el rey Felipe VI, Sánchez se mostró esquivo al ser preguntado sobre la parte fiscal del REB. En cambio, ayer anunció las bonificaciones fiscales, paralizadas desde febrero de 2019. Ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, de los anuncios a las realidades y saldar una deuda histórica. Como señaló la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears (CAEB), será «una buena noticia, si se cumple», tras recordar que en los últimos ocho años «hemos asistido a cuatro anuncios similares».

Déficit fiscal anual de 3.000 millones.

Llega el momento de concretar estas medidas, en qué consisten las deducciones y a qué empresas beneficiarán, teniendo en cuenta que el déficit fiscal anual de Balears con el Estado asciende a 3.000 millones de euros. Los sobrecostes de insularidad, que lastran y restan competitividad a nuestra economía, deben desaparecer para producir y competir en igualdad de condiciones que en la Península.