Con el curso escolar ya empezado, el Govern reacciona a las reclamaciones de sindicatos docentes y las protestas de los profesores con el anuncio de una nueva resolución –o sea, unos nuevos criterios– para desbloquear y flexibilizar la aplicación de la Lomloe, la ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006. Esta nueva resolución determinará cómo llevar a cabo las evaluaciones, que habían suscitado una gran controversia. Incorporará las propuestas de los docentes, en el marco de una normativa estatal cuya precipitada aplicación está provocando malestar en la comunidad educativa. El conseller Martí March, tras admitir el malestar generado, se ha comprometido a acordar «al máximo» los nuevos criterios. El anuncio del Govern se produce tras las reivindicaciones de los sindicatos y asociaciones profesionales, que habían instado a la Conselleria a «presentar una propuesta adaptada y consensuada para el profesorado, con el fin de ser negociada con la máxima flexibilidad posible y que permita una aplicación real en los centros de Baleares».

Los nuevos indicadores.

Entre los motivos de la protesta de los profesores, destaca que los nuevos currículos fueron publicados en agosto y que la implantación de la nueva evaluación debe llevarse a cabo en unas semanas. Al mismo tiempo, la evaluación trimestral cualitativa, con indicadores como «poco», «bastante» o «nunca», para después ser transformada a final de curso en notas «suficiente», «bien» o «notable» han aumentado la irritación y el malestar de los docentes.

Recuperar el consenso.

Una nueva ley de educación debe ser fruto del acuerdo, huir de las prisas políticas y contar con la participación de los profesionales de la educación. Una norma de esta naturaleza no se puede redactar ni imponer de espaldas a los docentes. En todo momento ha de tener en cuenta el criterio de aquellos que deben aplicarla en las aulas. Hay que recuperar el consenso.