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Los paros, más o menos selectivos, en compañías aéreas de bajo coste como Ryanair o Easyjet están teniendo un notable impacto en los distintos aeropuertos de Baleares. Decenas de vuelos son cancelados o tienen retrasos como consecuencia de las huelgas convocadas por los sindicatos, tanto en España como en sus países de bandera. La circunstancia tiene una especial incidencia estos días de arranque de la temporada alta con el inicio de las vacaciones, dado que son miles los pasajeros que resultan afectados. El escenario ha causado la lógica preocupación en todo el sector, que reclama medidas que blinden a los consumidores de los inconvenientes de estas medidas de presión de los trabajadores.

Inquietud empresarial

La elección de estas fechas para plantear las reivindicaciones laborales de estas compañías, con enorme presencia en los tres aeropuertos de las Islas, responde a la lógica de la estrategia sindical. También se entienden los inconvenientes para los pasajeros de las cancelaciones de los vuelos o los retrasos, que pueden suponer la pérdida de las vacaciones o de otras conexiones. Frente a este escenario, la inquietud de los empresarios turísticos es comprensible, pero no parece sencillo que pueda atenderse su demanda de regulación específica del derecho a la huelga de estos trabajadores.

Servicios esenciales

No es la primera vez que se plantean la necesidad de un marco jurídico que no deje indefenso al consumidor frente a los paros, en especial cuando se bloquean servicios esenciales: limpieza, sanidad, transporte, seguridad, suministro de agua... El catálogo es amplio y diverso, pero debe contraponerse al derecho a la huelga, que, en el caso de España, tiene un claro amparo constitucional. Quizá, y como medida más directa, cabría empezar por garantizar el cumplimiento de los servicios mínimos bajo la advertencia y también la amenaza de severas sanciones en caso de incumplimiento.