La plaza de toros de Palma pudo haber sido en la madrugada del pasado martes el escenario de una tragedia. Cientos de jóvenes se agolpaban en la única salida del recinto donde se celebraba un festival musical con miles de asistentes. La proverbial intervención de la Policía Nacional, que facilitó la apertura de más accesos, evitó que se produjeran más avalanchas con consecuencias dramáticas. Lo ocurrido es extrapolable a cualquier otro evento de características similares en las Islas y que son frecuentes en verano. La experiencia de Palma es un serio aviso sobre la necesidad de extremar la vigilancia y el control sobre la organización de este tipo de conciertos.
Un lugar inadecuado.
Mientras está fuera de toda duda que la seguridad es una prioridad irrenunciable –aspecto que muchas empresas del sector cumplen de manera ejemplar–, también es preciso señalar la necesidad de revisar las autorizaciones en recintos al aire libre que se encuentran en plena trama urbana. Los vecinos de la plaza de toros palmesana han reclamado la suspensión de todos los permisos concedidos a los futuros eventos de las próximas semanas. Las razones son fáciles de entender: ruido hasta la madrugada, suciedad, atascos... Los responsables municipales también deben ser sensibles a estas reclamaciones, más cuando en la mayoría de las ocasiones es factible encontrar ubicaciones alternativas.
Evitar alarmismos.
Hay que dar por sobreentendido que la inmensa mayoría de espectáculos veraniegos se organiza cumpliendo con todas las exigencias relativas a seguridad, pero ello no debe implicar que se baje la guardia. Todos los factores inciden en el éxito de este tipo de festejos; de manera especial, el veto a la venta de alcohol a menores. Está claro que las sanciones no son la única opción válida; no tienen el efecto disuasorio que deberían. A la vista está.
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