EditorialPalma08/06/22 7:47
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La inflación interanual vuelve a empeorar tras el respiro de abril, cuando se situó en el 8,3 por ciento y se redujo el índice de precios al consumo disparado del 9,8 por ciento de marzo. El IPC, según los datos avanzados por el Instituto Nacional de Estadística que ha de confirmar el 10 de junio, subió en mayo al 8,7 por ciento –tres décimas más de las previsiones del Gobierno– por el incremento de los combustibles y los alimentos, lo que supone un paso atrás de la economía española, con repercusiones para todos los sectores. Y con un impacto directo sobre las economías domésticas porque el denominado ‘impuesto de los pobres’ reduce la capacidad de consumo de quienes no aumentan sus ingresos y recursos en la misma proporción que suben los precios. Las medidas del Gobierno no logran contener la inflación, que registra subidas desde marzo de 2021. El principal factor son las tarifas eléctricas, junto a las gasolinas y la alimentación.

Presión fiscal sobre salarios y pensiones.

La espiral inflacionista también incide en el IRPF, como ha confirmado Hacienda, al admitir que este año retiene un nueve por ciento más a los pensionistas y un 3,5 por ciento a los trabajadores. Con los ingresos por las retenciones en las nóminas, el Gobierno –que se niega a deflactar los tipos– obtiene 4.000 millones más respecto al 2021, a costa de aumentar la presión fiscal sobre los salarios y las pensiones.

Replantear las medidas.

En este escenario, hay que replantear las medidas del Gobierno porque se están demostrando ineficaces, como la bonificación de los carburantes, hoy sin apenas efecto y con una reducción de la factura eléctrica que no llega. Hay que añadir las subidas de tipos, que repercutirán sobre quienes han de pagar hipoteca. Es el momento de impulsar, con decisión y urgencia, un pacto de rentas que frene el malestar social por la reducción del poder adquisitivo que sufren trabajadores y consumidores.