EditorialPalma01/06/22 7:32
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La aprobación de la ley turística este martes en el Parlament marca un punto de inflexión en el marco jurídico que regula la actividad económica más importante de las Islas, una trascendencia que se sustenta en diferentes propuestas que cambian los paradigmas tradicionales del sector. La moratoria en la creación de nuevas plazas, destinadas a reducir la oferta de alojamientos, favorecer el producto local y la consideración de los avances sociales para los trabajadores son, entre otros, los aspectos más destacados de un texto que viene precedido de la natural controversia política y social pero que, en definitiva, supone un nuevo enfoque para el turismo de cara al futuro.

Limitar el crecimiento.

Hay, en el conjunto de la sociedad balear, un amplio consenso sobre la inaplazable necesidad de fijar un límite al crecimiento de la oferta turística en Baleares. Con un territorio limitado, los recursos no son ilimitados, tanto de suelo como de agua, carreteras o sanidad, cuya demanda acaba siendo insostenible. Otro tanto puede decirse del consumo de los recursos paisajísticos, algunos de los cuales se han tenido que acotar en la cifra de visitantes para evitar su colapso definitivo. La apuesta en este sentido de la ley turística es decidida, dentro de los márgenes competenciales de que dispone la Comunitat; un aspecto que debe tenerse muy en cuenta. Las instituciones de Baleares no tienen ninguna capacidad de decisión sobre puertos y aeropuertos, las grandes puertas de entrada a las Islas.

Vencer las reticencias.

La ley turística tiene por delante la misión de convencer a los colectivos más críticos con su puesta en marcha, desde socios del Govern –el caso de Unidas Podemos– hasta la patronal del alquiler turístico y, por supuesto, los grupos de la oposición, aunque también es innegable que los acuerdos y pactos que ha logrado sellar el conseller Iago Negueruela durante los últimos meses son de calado y un éxito significativo.