EditorialPalma30/05/22 8:04
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Las medidas aplicadas en Baleares durante la última década para contener el crecimiento de nuevas plazas hoteleras no han evitado el incremento de 20.000 camas; pero, al mismo tiempo, se ha disparado el alojamiento en el alquiler vacacional. La planta hotelera de las Islas ofrece hoy 443.706 plazas, mientras que hay registradas –o sea, legalizadas– 181.713 camas en las viviendas que se destinan al alquiler turístico. La ley promovida por el Govern Armengol, que mañana aprobará el Parlament, persigue incrementar la eficacia de las medidas de contención y, al mismo tiempo, el decrecimiento para reducir la oferta. En Mallorca, a largo plazo, se prevé eliminar unas 30.000 plazas. En este escenario es preciso afrontar también la realidad del alquiler turístico en situación ilegal o alegal, y valorar, en su conjunto, la gran aportación de esta modalidad a la economía local. No pocas familias y pymes de Balears dependen de las rentas y los ingresos que generan, cada temporada, las casas y apartamentos que se alquilan a los visitantes.

Competencias de inspección.

Corresponde actuar a las administraciones, o sea los consells insulars, que cuentan con las competencias de inspección para actuar contra la oferta ilegal y alegal. Y fijar criterios claros relativos a suprimir la temporalidad de los plurifamiliares; que los menores de 12 años no computen como plaza, como en el caso de los hoteles; y que la limitación a las comunidades de propietarios de vecinos prohíba expresamente esta actividad en sus estatutos.

Marco de colaboración público-privado.

La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Balears (Habtur) advierte que con la nueva ley desaparecerán 90.000 plazas de arrendamiento vacacional; y el conseller Iago Negueruela afirma que la norma bloquea el crecimiento, no sólo del alquiler turístico, sino también hotelero. Se impone el acuerdo con todo el sector para abrir un marco de colaboración público-privado que beneficie a todos.