EditorialPalma17/05/22 7:56
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El Tribunal Superior de Justicia se ha puesto de parte de la Asociación de Constructoras de Balears y ha acordado mantener la suspensión cautelar de las obras de prolongación del metro de Palma hasta el Parc Bit. La razón: el desfase de los precios presupuestados a resultas del encarecimiento de los materiales. Es un hecho que ha reconocido el propio tribunal al poner de relieve que la evolución de los precios ha sufrido constantes alzas en breves periodos de tiempo. Por su parte, la presidenta del Govern –administración impulsora del proyecto ferroviario– ha recordado a los constructores que, para paliar los efectos de la inflación, el presupuesto inicial de las obras se ha incrementado un 57 % y que si paran los concursos antes de sacarlos, no podrá licitarse obra pública.

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Todos tienen razón.

Tanto a la asociación de constructoras como a Francina Armengol les asiste la razón. Lo cual no es un mal comienzo a la hora de aunar fuerzas y tejer compromisos para combatir los perniciosos efectos que la inflación desatada está teniendo sobre nuestra economía, evidenciados sin duda en el caso de la prolongación del metro hasta el Parc Bit. Un grave problema que, más allá de constructores y Govern, perjudica a los ciudadanos en la medida en que ven mermada la necesaria adecuación de instalaciones e infraestructuras públicas.

Agilizar los trámites.

El incremento de precios no espera a la burocracia de la cosa pública. Mientras a los empresarios se les pide paciencia, el Govern debe poner todos los recursos a su alcance para que los procesos administrativos que van desde la redacción de un anteproyecto hasta la licitación, adjudicación y ejecución de las obras no se eternice. Agilizar trámites para que, sobre todo, en tiempos inflacionarios como los que nos ha tocado afrontar la velocidad en el aumento de precios tenga como respuesta una administración rápida que responda en tiempo y forma a las necesidades ciudadanas del momento.