EditorialPalma26/02/22 8:40
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Durante las primeras semanas de la asunción de las competencias en materia turística, el Consell de Mallorca ya ha impuesto sanciones por un importe superior a los 100.000 euros; la mayoría de los casos por infracciones en materia de viviendas vacacionales y establecimiento hoteleros, además de bares y restaurantes. En total se tramitan 120 multas. Aunque por parte de la institución insular se defiende que los datos responden a la continuidad de la labor que ya venían realizando los inspectores del Govern, lo cierto es que el traspaso competencial no ha abierto ningún plazo de tregua frente a los incumplimientos de la normativa turística.

Poner orden en el sector.

Resulta razonable que el Consell trate de marcar, desde el primer momento, que acercar la gestión de la normativa turística no es un pretexto para favorecer la laxitud en su exigencia. Asumir las competencias en una materia tan importante y estratégica como la turística obliga a responder con eficacia, el mejor argumento para defender una proximidad administrativa que en ocasiones se cuestiona desde diferentes sectores. Lograr un buen nivel de cumplimiento del marco legal de la actividad turística, en sus diferentes facetas, es la mejor garantía para la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos y empresas.

Protagonismo político.

La ampliación del techo competencial de los consells les dotará, en especial al de Mallorca, de un mayor peso político frente a los ciudadanos. A pesar de la ley de consells, vigente desde 1989, el gobierno insular de la Isla siempre aparece como una figura subordinada en todo el entramado institucional de Balears. La transferencia de competencias de calado a los consells, como es el caso de turismo, supone un importante avance hacia la descentralización interna siempre que evite la duplicidad de funciones. Esta es la fórmula más eficaz para garantizar su prestigio.