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Tras la decisión del Gobierno de España de suspender la obligatoriedad de portar mascarilla en espacios exteriores, el Govern sopesa la posibilidad de dejar también en suspenso la exigencia de acreditar el pasaporte COVID para acceder al interior de bares, restaurantes, cafeterías y gimnasios. Desde el Ejecutivo autonómico reconocen que están trabajando para que sea una realidad «lo antes posible». Pero, al mismo tiempo, la propia presidenta Armengol se niega a «especular» sobre una fecha concreta. La exigencia de mostrar el certificado de vacunación sigue vigente de momento hasta el 28 de febrero.

Modulación de las restricciones.

Aunque es poco probable que el Govern no deje expirar estos 20 días antes de retirar el pasaporte COVID, sí que los datos y la evolución de la pandemia parecen indicar que, a final de mes, nos encontraríamos en un momento adecuado para afrontar cierta relajación en las restricciones. Rebasado el cenit de la sexta ola de contagios, la incidencia en estos momentos baja y la presión hospitalaria remite. Asimismo, el inminente arranque de la temporada turística también anima al sector de la restauración a reclamar la posibilidad de modular exigencias. A nadie escapa la dificultad de controlar los pasaportes con los locales a plena actividad.

Éxito de la medida.

La presidenta del Govern defiende que el pasaporte COVID ha contribuido a «dar seguridad» en espacios concurridos y a incentivar la vacunación. Mientras el éxito de la primera contribución es difícil de mesurar, sí que es constatable el incremento en el número de vacunaciones desde la imposición del certificado. Al fin y al cabo, la principal motivación para su exigencia era esa: mover a hacerlo a quienes en diciembre aún no se habían inoculado. Quizás el porcentaje esté por debajo de lo esperado inicialmente, pero es indiscutible que se trata de una victoria (¿pequeña o grande?) del Govern de Armengol.