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El nombramiento de Ángel Gabilondo, exministro de Cultura y exportavoz socialista en la Asamblea de Madrid, como nuevo Defensor del Pueblo es el primer acuerdo entre los dos grandes partidos, Partido Popular y PSOE, para renovar los equipos directivos de las principales instituciones del Estado. Junto con el Defensor del Pueblo, las dos formaciones se han comprometido a sacar adelante los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, sigue como una cuestión pendiente a pesar de que el mandato ha sido ya ampliamente rebasado.

Acuerdos imprescindibles.

Las exigencias de amplias mayorías en el Congreso para la designación de los altos cargos obligan a que las grandes formaciones pacten las diferentes renovaciones, circunstancia que facilita el bloqueo como arma política. Es lo que viene ocurriendo en los últimos años, en los que el diálogo entre socialistas y conservadores –y viceversa– había quedado en la práctica interrumpido. Esta estrategia debería quedar apartada en aras de la estabilidad institucional. En definitiva, sería una muestra de la anteposición de los intereses colectivos frente al cortoplacismo. Hay que celebrar esta nueva etapa de entendimiento, pero queda pendiente un compromiso de continuidad en el futuro. El acuerdo actual no puede convertirse en un mero oasis.

Cerrar todas las instituciones.

Resulta significativo que la renovación del Consejo General del Poder Judicial haya quedado fuera del acuerdo entre el PP y PSOE. Ambos partidos no logran superar la desconfianza mutua con respecto al organismo que gestiona la Administración judicial en nuestro país. Es la gran asignatura pendiente que será necesario abordar tras esta primera tanda de nombramientos. La credibilidad de nuestros dirigentes políticos no puede quedar en entredicho.