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Uno de los mejores sistemas sanitarios públicos del mundo, el español, tiene, en Baleares, su primer frente de atención al borde del colapso. Los médicos de familia tienen asignados 1.760 pacientes de media, casi el doble de la cifra considerada óptima. La situación no deriva de los problemas ocasionados por la pandemia; se trata de un problema que se arrastra desde hace más de una década y que lleva camino de agudizarse todavía más en los próximos años. La saturación actual genera un impacto negativo inevitable en la calidad de la puerta de entrada de nuestro modelo asistencial. Ello justifica la urgencia con la que se deben abordar las medidas que permitan reducir las actuales tasas que soportan estos sanitarios.

La insularidad, un problema.

Lo que ocurre con los médicos de familia en Baleares puede extenderse a muchas otras profesiones vinculadas con la Administración. Los trabajadores públicos procedentes de la Península tratan de evitar los destinos en las Islas por los inconvenientes de la insularidad. Se trata de un sobrecoste que de ningún modo compensan los pluses previstos. En determinadas áreas, las carencias se traducen en demoras. En el caso de la asistencia médica, la cuestión es mucho más delicada. Cuando se habla de los costes de insularidad también hay que poner sobre la mesa de la negociación con el Estado cuestiones como ésta; una labor que compete de manera muy directa a la Conselleria de Salut, que debe reclamar al Gobierno.

Apoyo al colectivo.

Que los médicos de familia de Baleares encabecen la tasa más alta de presión asistencial de todo el Estado requiere algo más que el agradecimiento por el esfuerzo, que hay que insistir en que se ha cronificado. Estos profesionales precisan de soluciones calendarizadas si de verdad se quiere evitar la progresiva degradación asistencial, un proceso del que todos saldremos perdiendo.