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Los cambios normativos en materia de seguridad vial, endureciendo las penas a los responsables de las infracciones más graves, suponen un punto de inflexión respecto a la sensación –muy extendida– de impunidad que existía hasta ahora. El que el 13 por ciento de la población reclusa de la cárcel de Palma –184 personas en cifras absolutas de 2020– responda al cumplimiento de condenas por delitos contra la seguridad vial no es un detalle menor, es el reflejo del serio problema que se esconde tras las tasas de siniestralidad, con una enorme reincidencia y con el alcohol y las imprudencias como telón de fondo.

Más vigilancia

Cualquier trayecto permite ser testigo directo de gravísimas infracciones, desde velocidades excesivas y maniobras temerarias a claros ejemplos de descuido en el mantenimiento de los vehículos. La presencia de los agentes de la Guardia Civil es del todo insuficiente, la mayoría de estos comportamientos derivan del convencimiento de que las posibilidades de ser multado son mínimas. Los medios técnicos de que se disponen para controlar el tráfico rodados, cámaras y radares, no siempre resultan eficaces o su efecto llega tarde. Junto con la educación vial y las campañas publicitarias, el dato que figura en la memoria de la Fiscalía de Balears del pasado año es quizá uno de los más eficaces para tomar conciencia de que incumplir las normas de tráfico ya no son low cost como se percibía.

Trabajos comunitarios

A la cifra de ingresos carcelarios hay que añadir los 446 conductores que fueron condenados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad, lo cual arrojar un importante número de personas a las que salir a la carretera les salió muy caro. Cabe esperan que con el tiempo se extienda el carácter ejemplificador de estas penas, sobre las que todavía no hay el reproche social que tienen otro tipo de delitos pero que también provocan tragedias.