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En la Part Forana de Mallorca ya sólo quedan en pie dos cruces a los caídos en la Guerra Civil, y en breve será sólo una. Mientras la alcaldesa socialista de Son Servera remolonea a la hora de desmantelar el monumento en cuestión erigido en el municipio que gobierna, su homólogo soberanista en Bunyola da por hecho que el símbolo levantado en 1938 será desmontado antes de que finalice el presente agosto. Como a Natalia Troya en Son Servera, a Andreu Bujosa le ampara la ley de Memoria Histórica y el cumplimiento de la misma le obliga a actuar en consecuencia.

Discreción y normalidad.

En contraposición a Palma, donde el monolito de sa Feixina ha incendiado el debate sobre la aplicación de la ley de Memoria Histórica, en los municipios de la Part Forana ésta se ha ido desplegando con absoluta normalidad. Tanto en ayuntamientos gobernados por la izquierda, como en los que al frente se sitúan alcaldes o alcaldesas de derechas. La tónica general ha sido la asunción sin aspavientos de la ley. La retirada de cruces y blasones se ha llevado a cabo con naturalidad. Y ha sido precisamente esta discreción la que ha contribuido a afianzar el proceso de normalización democrática, dejando a un lado atisbos de revanchismo.

Libertad condicionada.

Con la retirada de la cruz de los caídos, la voluntad del Ajuntament de Bunyola, gobernado por Esquerra Oberta y PSOE, tampoco es la de reabrir heridas. Sin embargo, la convocatoria de una consulta popular para que los vecinos decidan qué colocar en el espacio que quedará libre tampoco contribuye a la discreción y mesura con que en otros pueblos se ha dado estricto cumplimiento a la ley. La propuesta está formulada con la mejor de las intenciones, pero hubiera sido más adecuado dejar las cosas al albur de los responsables municipales, antes que advertir a los participantes de que los proyectos presentados deben sintonizar con los programas electorales del equipo de gobierno.