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La Serra de Tramuntana ha sido objeto de numerosas normas que la declaran espacio natural protegido. Ya en 1972, el gobernador civil de Balears, Víctor Hellín Sol, escandalizado por el urbanismo salvaje que salpicaba el área, convenció al propio Franco para protegerla. Así fue como esta zona se convirtió por decreto ley en un paisaje pintoresco, una de las máximas protecciones que existían entonces. Este decreto fue completado después con planes y leyes, como la Ley de Espacios Naturales de 1991. Pero nada de eso ha evitado desastres como los del Port d’Andratx, con las montañas y acantilados destrozados por albergar edificios o chalets construidos aprovechando modestos porches de labranza.

Más ideas y recursos

En sentido contrario, la protección extrema de la Serra acabará por asfixiar aquello que verdaderamente la mantiene viva: la explotación agrícola. Son muchas las dificultades que existen para mantener productivo este paisaje. A la competencia feroz por la entrada de género alimenticio de todo el orbe, los payeses de la Serra deben hacer frente a costes extraordinarios, como los desplomes o esbaldrecs, y las incomodidades de no poder realizar cultivos extensivos. Un campo que se abandona se convierte en un pinar en pocos años. Hacen falta muchas ideas y recursos de todo tipo para ayudar a los payeses y propietarios a mantener una actividad que es, en definitiva, la riqueza paisajística de la Serra.

Diez años de dificultades

Dice ahora la presidenta del Consell que la ley de la Serra se podría aprobar el año que viene, once después de la declaración como Patrimonio de la Humanidad. Estos diez años ya dan cuenta de las dificultades económicas y administrativas que tienen las instituciones para hacer realidad algo que debería ser tan sencillo como proteger un territorio –que ya lo es desde los tiempos de Franco– y promocionar el uso agrícola u otro que sea sostenible para el medio ambiente.