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El informe de la Dirección General de Emergencias del Govern advirtiendo de los riesgos que entrañaba la celebración del concierto de reguetón que tuvo lugar el pasado 15 de junio en la plaza de toros de Palma, en plena desescalada pandémica, pone al Ajuntament de Palma contra las cuerdas. Casi mes y medio después de permitir la concentración de 2.000 jóvenes en el Coliseo Balear, el gobierno municipal presidido por José Hila sigue sin ofrecer explicaciones convincentes que contribuyan a esclarecer el porqué de una decisión, a todas luces, desafortunada.

Sucedió lo más probable.

Si bien el informe no hace referencia explícita a la COVID–19, sí alerta del inevitable consumo de drogas y alcohol entre los asistentes. Es un dato que en nada contribuye a garantizar las medidas de seguridad sanitaria como el uso de mascarilla y la distancia de seguridad. No hace falta ser epidemiólogo para asegurar sin equivocarse que lo más probable que ocurriera en el coso palmesano fue lo que finalmente sucedió: el contagio masivo. Aunque si la falta de previsión de Cort resulta desconcertante, no lo es menos el informe de Salud Pública preceptivo para la realización evento, calificándolo de «no multitudinario»; a pesar de la concentración de 2.000 postadolescentes ávidos de juerga y diversión.

El papel de la oposición.

La indolencia exhibida por el alcalde Hila y sus socios pertrecha de valiosa munición a sus adversarios políticos. El PP salió este miércoles a la carga y lo volverá a hacer hoy durante en el pleno del Consistorio. Sin embargo, sus argumentos corren el riesgo de decaer a la primera de cambio si no van acompañados de datos que contrasten a las claras que el concierto del 15 de junio fue el epicentro del macrobrote. Sólo así tiene visos de inevitable la asunción de responsabilidad política. Otra cosa es que, aún con todas las evidencias sobre la mesa, exista alguien verdaderamente dispuesto a asumirlas.