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El contencioso entre la Fundación Natura Parc y el Ministerio de Justicia por el coste del mantenimiento de los animales incautados a causa de procesos e investigaciones judiciales es, por desgracia, un ejemplo más del desequilibrio existente entre la Administración y los ciudadanos, en este caso una empresa privada. Más allá de los pormenores del caso, que tendrán que dilucidar los tribunales en su momento, la controversia evidencia el privilegio que se atribuye el Ministerio ante la discrepancia respecto a las facturas de Natura Parc: ni tan solo acepta abonar las cantidades que reconoce que debería asumir a su cargo.

Colaboración inevitable.

Cabe señalar que, en el caso de Natura Parc, la colaboración de la entidad privada con el Ministerio de Justicia resulta obligatoria. No hay otra empresa u organización con la capacidad suficiente para atender la manutención de los animales que se incautan, desde caballos y mascotas hasta especies exóticas. Toda esta fauna debe quedar bajo custodia hasta que haya un pronunciamiento judicial definitivo. La circunstancia genera gastos, sobre los que hay unas más que amplias discrepancias –cuatrocientos mil euros para el Ministerio y un millón de euros para la Fundación Natura Parc–. La puntilla del asunto es la negativa a asumir, aunque sólo sea para aliviar la situación, el abono de la deuda reconocida. El Ministerio prefiere esperar a lo que se decida en un contencioso que, con seguridad, se prolongará durante años.

Práctica común.

La Administración, en este caso la central, vuelve a fijar en su beneficio el rasero que debe cumplir el contribuyente. Las instituciones son, sin duda, un potente motor económico, pero ello no es óbice que también deberían trabajar en parámetros de igualdad con los ciudadanos; aunque sólo sea por respeto a quienes financian el sector público.