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Tras un debate abierto durante más de una década, los siete países con las economías más potentes del mundo –integrantes del G-7– han tomado una decisión histórica: fijar un mínimo del 15 por ciento de tributación fiscal para las grandes multinacionales. El acuerdo deberá ser ratificado por el G-20, pero, en esencia, significa acabar con la impunidad fiscal de las grandes corporaciones internacionales, capaces de operar sin apenas cargas tributarias mientras obtienen pingües beneficios. La propuesta se aleja del 21 por ciento con el que pretendía gravar Estados Unidos, pero supone un enorme salto cualitativo en lo que respecta poner freno a los privilegios de los más poderosos.

Igualar las oportunidades

El marco fiscal en el que trabajan determinadas empresas, en especial todas aquellas que están vinculadas al mundo digital, supone un serio agravio comparativo en relación con aquellas cuya actividad requiere de grandes centros de producción muy territorializados. El control fiscal de estas últimas es mucho más sencillo para las diferentes haciendas públicas. La decisión del G-7 tiene varios precedentes a nivel individual en el mismo sentido, pero la ausencia de un criterio global único permitía esquivar los intentos de acotar la impunidad de firmas como Facebook, Amazon o Google. La evanescencia fiscal de la que gozan es paradigmática al tiempo que indignante.

Acabar con los paraísos fiscales

Lo acordado por el G-7 debería ser el prólogo de una estrategia encaminada a eliminar los paraísos fiscales, incluso en el seno de la propia Unión Europea, con casos como los de Irlanda o Luxemburgo, por citar dos ejemplos. Ese 15 por ciento sobre los beneficios debería ser sólo el punto de partida –cualquier empresa española tributa por encima de este porcentaje– en una amplia convergencia fiscal. Es preciso acabar con los refugios tributarios que enriquecen mucho a unos pocos.