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El proceso de cambio de modelo de crecimiento no es breve, ni inmediato. Son varios los ingredientes a considerar en la ecuación.

Primero: las estrategias de inversión, que provienen tanto del ámbito público como del privado. Las visiones que tengan los gobiernos y las administraciones públicas resultarán determinantes para orientar la formación de capital. Las buenas iniciativas privadas deben ser «protegidas» por el gobierno, en el sentido de darles coberturas y facilidades, no estrictamente en forma de subvenciones directas. Asimismo, el sector público debe actuar como acicate inversor, principalmente en aquellos campos que faciliten la transición económica.

Segundo: la formación de los trabajadores, aspecto que infiere una clara reorientación de los procesos formativos hacia posibles actividades emergentes en el mercado de trabajo. Las capacitaciones obtenidas deben ser un claro reclamo de mejoras salariales y, obviamente, de incremento de la productividad.

Tercero: la porosidad comercial, lo que significa que inversión y formación sumen potencialidades para iniciar una mejor penetración en mercados ya existentes o en otros nuevos, que pongan de manifiesto posibilidades plausibles de negocio.

Mejorar un modelo de crecimiento supone la necesidad de financiarlo. La transformación de una pauta de crecimiento significa capitales para la transformación. Esto a menudo se olvida con cierta facilidad.

El deseo de desarrollar una determinada política económica no puede eludir las bases financieras concretas que son perentorias para que aquel deseo se haga realidad. Sin financiación resulta irrelevante plantear una transición gradual a un modelo de crecimiento, que vislumbre escenarios que abran posibilidades inéditas o poco exploradas aún en la región que se trate. Estos costes de transición requieren de una iniciativa pública que pase por un acceso a los mercados de crédito; y, al mismo tiempo, de una trayectoria conjunta con el sector privado, que puede involucrar su endeudamiento y, a la vez, el acicate de las sociedades de capital-riesgo. Estas accesibilidades al crédito dependerán de la evolución del endeudamiento público y privado sobre el PIB, los tipos de interés y la tipología de operaciones que se puedan desplegar. Encontrar recursos económicos se convierte en esencial para construir las primeras fases de los costes de transición.

La gobernanza económica se erige en una herramienta metodológica crucial para alcanzar los consensos necesarios en este proceso. En una sociedad democrática y en una economía de mercado –nos guste más o menos– los cambios que se puedan promocionar desde los gobiernos urgen de complicidades con los agentes económicos y sociales. Son estas sinergias las que han perfeccionado precisamente los movimientos en la producción y en los mercados, partiendo de una premisa esencial: estos últimos, sin regulaciones ni retoques, llevan a escenarios que cristalizan en mayores desigualdades económicas y sociales y con más desequilibrios de carácter financiero.

Esto y mucho más, en el reciente libro de Mariana Mazzucato (Misión Economía, Taurus, Madrid, 2021). Imprescindible.