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La llamada ‘operación Stercus’ de la Guardia Civil desactivó ayer un entramado mafioso que generó un enorme vertedero ilegal de escombros a las mismas puertas de Palma, en la zona de Son Güells. Las reiteradas denuncias vecinales fueron las que propiciaron la investigación policial que reveló la intervención de clanes gitanos para controlar la actividad en el vertido de restos de obra, coches abandonados, embarcaciones... en los terrenos de la finca de Son Fornari. Es una parcela sin ningún tipo de acondicionamiento para evitar filtraciones contaminantes al subsuelo. Lo más sorprendente del caso es que se haya podido llevar a término esta actividad ilegal durante años sin que los servicios de inspección pública se percatasen de ello.

Una ciudad de escombros.

Permitir el abandono de los escombros y todo tipo de objetos de manera sencilla y a bajo coste son las claves del éxito del vertedero de Son Güells; todo, por supuesto, al margen de las normas de protección medioambiental. En Mallorca es obligatorio depositar en vertederos autorizados los escombros y cualquier tipo de material de deshecho para su posterior tratamiento y eventual reciclaje; circunstancia que, como es lógico, genera unos costes que es preciso sufragar mediante el pago de tasas al Consell. El reclamo de poder esquivar estas exigencias ha provocado que, con el paso de los años, haya florecido este negocio a costa de seguir agrediendo el entorno.

¿Hay más vertederos ilegales?

Meses atrás, Greenpeace denunciaba otro vertedero ilegal en Felanitx, en este caso de plásticos y latas. Ayer se dio cuenta del desmantelamiento del de Son Güells. Todo ello invita a preguntarse cuántos enclaves de Mallorca siguen siendo el escondite de restos contaminantes, una actividad que es preciso poner en el centro de la actividad inspectora de la Administración. Hay que cercar a los infractores para salvaguardar el medio ambiente.