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La investigación que realiza el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma por la comisión de un presunto delito de revelación de secreto en el ‘caso Cursach’ derivó ayer en la incautación, por parte de la Policía Judicial, de los teléfonos móviles y ordenadores de periodistas de la agencia Europa Press y de Diario de Mallorca. La insólita actuación policial, realizada con el correspondiente mandato del juez y el aval de la Fiscalía, pretende identificar y exigir responsabilidades a los funcionarios que filtraron a los medios de comunicación datos de un sumario secreto y, por tanto, pudieron cometer un delito. Lo sorprendente de las pesquisas es que se trate de forzar la colaboración de los periodistas en la revelación de sus fuentes.

Perplejidad y preocupación

La entrada en la sede de estos medios y la intervención de los móviles y ordenadores de los periodistas sólo puede ser asumida con perplejidad y preocupación por el conjunto de la sociedad, más cuando de lo que se trata es de identificar las fuentes informativas, un componente indispensable para la prensa. La propia Constitución, de la que hemos conmemorado su 40 aniversario, consagra el derecho a la información veraz y el respeto al secreto profesional. Ambos principios han quedado lesionados por los mandamiento judiciales que se ejecutaron ayer en Palma.

Sin impunidad

No se trata de evitar una investigación sobre los funcionarios que de manera continuada y torticera, según las denuncias que han presentado los procesados, han filtrado a la prensa informes, autos y resoluciones bajo secreto de sumario antes de que fueran notificados a las partes. Evidentemente, la revelación de estos documentos y en estas circunstancias es delictiva. Pero otra cosa diferente es requisar teléfonos y ordenadores de periodistas para identificar a los sospechosos. Esta vía no es la adecuada y constituye, además, un peligroso precedente.