Pandemia de coronavirus

El Derecho se derrumba ante el virus

| Palma |

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Doce países, entre ellos Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda o Portugal, proponen una modificación urgente de la legislación comunitaria europea para permitir que las aerolíneas no reembolsen el importe de los billetes de avión cuando, por razones ajenas a su voluntad como es el caso de la pandemia actual, no puedan ofrecer el servicio por el cual el cliente ha pagado.

A primera vista, esta modificación legal no me parece disparatada. Sin embargo, al leer los detalles, en contra de la lógica de quienes siempre hemos vivido en un estado de Derecho, estos países no están hablando de los billetes de avión que se vayan a vender desde hoy en adelante, sino también de los que ya se han vendido y hemos pagado en su momento.

Francamente, no puedo llegar a entender qué idea del Derecho tienen los países cuyos gobiernos han presentado esta solicitud a la Comisión Europea. ¿Están pidiendo que Europa modifique con efectos retroactivos el reglamento que estaba en vigor el mes pasado, el año pasado, la década pasada, bajo cuyo amparo millones de ciudadanos compramos billetes de avión?

Si las normas, incluso las de rango más elevado como son los reglamentos de la Unión Europea, pueden ser modificadas con efectos retroactivos, me temo que Europa ha de entrar en la lista negra de los territorios en los que no rige el Derecho sino la voluntad arbitraria de los gobiernos. Al nivel de Corea del Norte o de Venezuela. Así de simple. ¿Qué límites tiene la modificación retroactiva de las leyes? Adiós seguridad jurídica, por supuesto.

De saber que las aerolíneas se podían quedar con nuestro dinero, los viajeros probablemente estaríamos pagando los viajes en avión como hacemos con los taxis, una vez nos dejan en el destino. Porque no se engañen, siempre saldría una aerolínea que, para captar clientes, atendería esta necesidad de garantías reales, hoy definitivamente perdidas ante la modificación retroactiva de la Ley.

Si esto prospera, como parece, los consumidores podemos certificar nuestro desamparo absoluto ante las aerolíneas, lo cual convierte en sospechoso el compadreo entre estas y el poder político. Porque, no olvidemos, además de perder el dinero de los billetes, con nuestros impuestos estamos financiando sus rescates y pagando el salario de sus empleados.

El abuso y el desamparo al consumidor no acaba ahí. Pongamos que aceptáramos que la Ley sólo se cumple cuando a las aerolíneas les parece, por lo que en estos momentos las garantías jurídicas decaen en su beneficio. Incluso en ese caso, las autoridades políticas europeas, hoy escondidas en sus despachos, deberían asegurarnos que los bonos que reemplazan al dinero tienen validez al menos durante un año; deberían obligar a las aerolíneas a facilitarnos el viaje con sus socias de las grandes alianzas; tendrían que regular el derecho a cambiar el trayecto o nombre del futuro viajero, etcétera. Todo por escrito y no a merced de una llamada a un call-center como ocurre en la actualidad.

Todos sabemos que las aerolíneas corren riesgo de quebrar, lo que convierte los bonos que nos dan en papel mojado: las autoridades deberían ofrecernos algún tipo de aval para estos vales, los cuales se deberían entregar al cliente, aunque sea en forma electrónica.

Observen que todo esto tiene lugar en una Europa que se proclama a sí misma defensora del consumidor, que mira por encima del hombro a otros países porque, dice, nadie cuida de los derechos del comprador como el Viejo Continente. Desde luego, sobra gente para velar por nosotros: tenemos una comisaria europea del ramo; en España tenemos un ministro especialmente dedicado al Consumo, Alberto Garzón, que no ha dado señales de vida pese a que está en una de las pocas ocasiones en las que su existencia podría tener alguna justificación; en Baleares tenemos por supuesto una dirección de Consumo en el Govern, debidamente confinada; los consells también tienen su área por si hay ocasión de llevarse algún voto y, finalmente, cada ayuntamiento dispone una oficina de Consumo. Hemos de pagar un ejército para que nos proteja pero, precisamente, desaparece cuando lo necesitamos.

Mientras, si usted es agente de viajes, hoteleros, taxista o artista, se ha de apañar como buenamente se le ocurra, que Hacienda está muy ocupada cambiando el marco legal en beneficio de las aerolíneas.

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Derechos UE
Hace 3 meses

Javierito, aún no te has enterado: la Unión Europea es una farsa que sólo protege a las empresas, nunca a los ciudadanos. La prueba es que no podemos ni votar a la alemana que manda la Comisión. Y más concretamente, es un negocio alemán. Un negociazo, vaya!. En Bruselas los lobbys alemanes (bancos, aerolíneas, industria, T:O. etc), son los que mandan. Y a callar. No hay más derecho que el suyo. Aplausos a los británicos.

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Bartolomé Juan
Hace 3 meses

Estoy de acuerdo en que hay demasiadas oficinas de protección del consumo y que, en general, resultan bastante ineficaces; pueden ayudar a resolver alguna reclamación pero parece que no sirven en absoluto para prevenir ni sancionar abusos. En todo caso no parece que aparte de declaraciones grandilocuentes haya la menor voluntad (mejor dicho: ganas de trabajar) política ni administrativa de proteger efectivamente a los conumidores

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Mario
Hace 3 meses

Al mismo tiempo recomiendan que se reserve con antelación. Nos toman por tontos, bueno, tal vez lo somos.

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