Una vez finalizado el proceso, el Ejecutivo insiste en que no se repetirá un mecanismo similar porque fue aprobado para paliar una situación extraordinaria heredada, según Rumí, del anterior Gobierno del PP. La aprobación del Reglamento, completamente en vigor, hace innecesario, a su juicio, otro proceso de regularización porque existen instrumentos estables en la legislación para que aquellos extranjeros que cumplan los requisitos obtengan sus papeles. Rumí se refería así al arraigo social, al que hasta el momento se han presentado 2.000 solicitudes de extranjeros. «Está cumpliendo las expectativas que nos marcamos Administración, sindicatos y empresarios», señaló.
«Zapatero anunció en el Congreso de los Diputados que el PSOE iba a terminar con la inmigración ilegal y hoy asistimos a los datos de inmigración que son los peores de la UE porque tenemos más de 1,3 millones de ciudadanos irregulares en nuestro país», aseguró en rueda de prensa desde la sede del PP en Génova.
El portavoz de Inmigración del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Hernando, acusó al PP de manipular las cifras de la regularización de inmigrantes y de ocultar «las que no le interesan».
Según afirma Hernando en un comunicado, el PP «olvida» que «gracias al proceso 577.000 inmigrantes cotizan a la Seguridad Social» y han salido de la economía sumergida.
A su vez, la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, manifestó su «tranquilidad» y «satisfacción» al echar la vista atrás y comprobar que un 84 % de las casi 700.000 solicitudes presentadas recibieron una resolución favorable y que de éstas un 98 % han sido dadas de alta en la Seguridad Social.
Igualmente, recordó que existe también la vía del arraigo laboral, al que se han presentado entre 50 y 80 casos, aunque admitió que es más minoritaria porque es un mecanismo más complejo (exige la denuncia al empresario). «Es más complejo pero se contempla porque sirve para disuadir a los pocos empresarios sin escrúpulos que continúan contratando extranjeros que permanecen en situación irregular», precisó.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno en Canarias espera una orden judicial para trasladar a Fuerteventura a los 259 inmigrantes llegados ayer a Tenerife, mientras el Ejecutivo canario ha advertido de que las islas están desprotegidas ante una «avalancha» que «incomprensiblemente» no se ha detectado a tiempo.
Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Tenerife informaron que los 259 extranjeros indocumentados que arribaron ayer a bordo de tres cayucos al puerto tinerfeño de Los Cristianos (Arona) permanecen aún en la Comisaría de la Policía Nacional de Playa de las Américas.
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