Más de 800 detenidos en un fin de semana.

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El delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, culpó ayer a la anterior Ley de Extranjería de la avalancha de inmigrantes que está llegando a las costas españolas. Fernández-Miranda, calificó de «buena» la actual Ley de Extranjería, pero dijo que «carece del efecto de varita mágica», al tiempo que culpó a la anterior y señaló que aquella normativa «abrió la puerta al desbarajuste». «Estamos pagando las consecuencias de la anterior Ley de Extranjería; algún partido que recuerda lo mala que es ésta debería hacerse responsable de lo mala que fue la anterior; con esta ley nueva podemos devolver a quienes entran, residen o trabajan de manera ilegal en España, cosa que no podíamos hacer con la anterior», subrayó.

«No estamos desbordados» por el aluvión de inmigrantes, dijo Fernández-Miranda, quien añadió que «se han devuelto ya a la mitad de los que tienen nacionalidad marroquí, que son los que se pueden devolver de forma inmediata». La Guardia Civil detuvo ayer por la mañana a 66 inmigrantes indocumentados de origen marroquí en las costas de Tarifa trataban de acceder a la Península de forma clandestina. En otra operación, una patera con ocho inmigrantes de origen marroquí a bordo, entre ellos un menor, fue interceptada en la madrugada de ayer en alta mar cerca de la costa sur de Fuerteventura.

El juez de Guardia de Barcelona ordenó en las últimas horas de ayer el ingreso en el centro de internamiento de La Verneda de Barcelona y en el de Murcia de 56 inmigrantes detenidos en la plaza André Malraux, trámite previo para su expulsión, que deberá producirse en un período máximo de 40 días. Por otra parte una posible paliza propinada a dos de los inmigrantes que se encuentran internados en el centro barcelonés de La Verneda, llevó ayer a un grupo de 14 magrebíes a declararse en huelga de hambre en protesta por el trato recibido, sumándose esta actuación al polémico desalojo de la Plaza André Malraux que la semana pasada realizaron efectivos de la policía.

En la cara opuesta, la Delegación del Gobierno en Catalunya rechazó ayer las acusaciones vertidas por las entidades de apoyo contra el mismo Centro de Internamiento, alegando que todos ellos están recibiendo una atención adecuada. Por su parte, fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya aseguran que todos los inmigrantes retenidos están recibiendo atención médica, tienen traductor y cuentan con los servicios de un letrado de oficio, por lo que niegan las acusaciones vertidas por las entidades de apoyo en referencia a continuos malos tratos y falta de atenciones.