PART FORANA

Un juez abre diligencias a la granja de Llucmajor por presunto maltrato animal

A raíz de nuevas denuncias presentadas por los vecinos, el magistrado pide al Seprona que elabore un informe y abre la puerta a la investigación judicial de la avícola

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La resistencia de los siete mil vecinos afectados por los «olores nauseabundos y la plaga incesante de moscas» que les produce vivir a pocos kilómetros de la polémica granja avícola de Llucmajor es, cuánto menos, de admirar. Sobre todo porque su lucha, iniciada en 2019, no ha visto algo de luz al final del túnel hasta que las entidades Satya y ARDE revelaron las imágenes de la llamada 'granja de los horrores' el pasado 27 de mayo, donde mostraron al mundo la convivencia de gallinas ponedoras vivas con cadáveres, ratas, putrefacción y un presunto incumplimiento fragrante de la normativa para estas avícolas.

Hoy, esa resistencia vecinal, da un paso más. Tras ser desoídos por numerosas entidades y administraciones que incluso llegaron a decirles, «buscad un abogado por vuestra cuenta y poned una denuncia porque nosotros no podemos hacer nada»; la plataforma contactó con Lorenzo Peñas, doctor en derecho penal, que, a raíz de las polémicas imágenes, formuló nuevas denuncias. «Iniciamos varios procedimientos contencioso-administrativos, en dos de ellos estamos personados pero, a la vez, pusimos también una denuncia directa en los Juzgados de Palma de Mallorca», explica.

El resultado no se ha hecho esperar y se ha llevado a cabo, además, en tiempo récord. En cuestión de una semana y media, el juez de instrucción número 11 ha incoado diligencias previas y abre una investigación sobre la granja. Lo hace por un presunto delito de maltrato animal, aunque una vez iniciado este proceso, podrían irse sumando otros ilícitos a la causa. «Por el momento, se abre investigación por una presunta irregularidad de maltrato animal, el juez ordena que el Seprona elabore un informe sobre lo que se ha aportado en la denuncia por parte de los vecinos además del material con el que cuente la Benemérita. Una vez esté confeccionado ese informe, el magistrado o magistrada de instrucción decidirá qué hacer después», aclara el abogado.

Los propios vecinos se constituyen como acusación en el caso y se abre un plazo de seis meses para realizar la investigación solicitada. Las partes podrán, a partir de ese punto, solicitar otras diligencias pertinentes en su lucha. No sólo apuntan a un posible delito de maltrato animal, los afectados también sugieren, a través de múltiples documentos y pruebas visuales, que la gestión de cadáveres y excrementos por parte de la granja podría haber contaminado parte de la tierra en la que viven.

«Hay una frase que tenemos grabada. Desde la administración se ha dicho que se han 'minimizado los estercoleros', tenemos pruebas de la situación y extensión de varios depósitos de excrementos ocultos; hay uno mayor a un campo de fútbol y según algunos cálculos podría haber doce kilómetros cuadrados infectados», explican los afectados. Algunos conviven a menos de un kilómetro de la explotación agrícola y si no fuera por desinfecciones constantes, mantener las casas cerradas a cal y canto e incluso aparatos de ozono, «no se podría vivir», manifiestan.

Los vecinos denuncian que desde 2019 se inspeccionado varias veces la zona y la respuesta siempre ha sido la misma: «Todo está en orden»; aseguran que faltan actas de esas revisiones. «Se pasan la pelota de la competencia de unos a otros y nadie ha hecho nada. «Hemos tenido que buscar un abogado de fuera porque hay personas de la isla que no se quieren meter por quien está detrás de estas empresas. Nos han derivado al juzgado, nos han pedido pruebas a nosotros en vez de buscarlas ellos, han creado comisiones que no han servido para nada e incluso la Fiscalía archivó la última denuncia de un vecino», argumentan enfadados.

Esta vez la plataforma 'Stop Granja de Llucmajor. Sense olors ni mosques' tiene una mínima esperanza. Es la primera vez que se abren diligencias previas contra la avícola y su explotación de Llucmajor. Debido a la gran alarma social que provocó la denuncia de los animalistas, estos vecinos logran una nueva vía para ser, al fin, escuchados. El proceso judicial en fase de instrucción ya ha comenzado.