Según han informado las entidades en un comunicado, desde el pasado 3 de abril, con la entrada en vigor de la normativa, los trámites relacionados con nacimientos, matrimonios, defunciones y licencias de entierro han pasado a depender directamente de los partidos judiciales o de los ayuntamientos, lo que, a sus ojos, ha generado una pérdida de proximidad en la atención a la ciudadanía y dificultades operativas para los municipios.
El presidente de Felib, Jaume Ferriol, ha manifestado que, aunque la entidad respalda el proceso de modernización, simplificación y digitalización de la justicia que promueve la ley, ha considerado necesario «poner en valor la labor que durante décadas han llevado a cabo los Juzgados de Paz, especialmente en lo que respecta al registro civil».
Ferriol ha advertido de que son los alcaldes o concejales quienes deben asumir la celebración de bodas civiles, o bien los ciudadanos deben acudir a una notaría o al registro civil del partido judicial correspondiente, lo que supone «un retroceso importante para los municipios pequeños».
Para abordar esta situación, Ferriol se ha reunido con el presidente de la Asociación de Jueces de Paz de Baleares, Jaume Casesnoves, y con su junta directiva. Según han explicado, en el encuentro se han detallado los efectos prácticos de la ley, que ha convertido los Juzgados de Paz en Oficinas Municipales de Justicia, subordinadas a los tres partidos judiciales en Mallorca, es decir, Palma, Inca y Manacor.
«La figura del juez o jueza de paz se mantiene, pero ya no se ocupa de trámites como la inscripción de nacimientos, matrimonios o defunciones. Esto ha supuesto una pérdida de agilidad en gestiones que antes se realizaban de forma inmediata y cercana», ha explicado Casesnoves.
El presidente de los jueces de paz ha ejemplificado el problema con el caso de una defunción un viernes al mediodía. «Antes se gestionaba directamente con el juez de paz, ahora, la funeraria debe esperar al lunes o desplazarse a Palma para obtener la licencia de entierro. Esto no solo complica los procedimientos, sino que añade estrés a las familias en momentos especialmente sensibles».
Asimismo, según ambas entidades, ni los ayuntamientos ni los notarios disponen de capacidad suficiente para asumir todas las bodas previstas. «Las bodas no se programan de un día para otro, requieren planificación y disponibilidad. Los consistorios no podrán ofrecer este servicio en condiciones adecuadas», ha advertido Casesnoves.
De esta forma, han reclamado que se revise la nueva ley y se permita que los Juzgados de Paz recuperen las competencias en registro civil, ya que han considerado que esta medida es clave para garantizar un servicio público cercano, eficaz y adaptado a las necesidades de los ciudadanos, especialmente en entornos rurales o de menor tamaño.
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