Esporles planta cara a la derogación de la ley de memoria: el pleno aprueba una ordenanza municipal pionera

El objetivo es salvaguardar la labor realizada en el municipio para reivindicar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura

La ordenanza se ha aprobado por 9 votos a favor del equipo de gobierno del PAS-Més per Esporles (7) y del grupo municipal del PSOE (2) | Foto: R.P.F.

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Esporles lo tiene claro. «Ante cada agresión a la democracia del pacto VOX-PP habrá una respuesta del pueblo». El pleno extraordinario de la tarde de este lunes 9 de junio ha aprobado la primera Ordenança Municipal de Memoria Democràtica «Sense memòria no hi ha futur», la primera en las Illes Balears y en todo el estado español en regular, de forma íntegra, los contenidos propios de la memoria democrática, las acciones llevadas a cabo por las diferentes instituciones para su recuperación, salvaguarda y difusión con la finalidad de reivindicar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura.

La ordenanza se ha aprobado por 9 votos a favor del equipo de gobierno del PAS-Més per Esporles (7) y del grupo municipal del PSOE (2). Ha sido defendida por la teniente de alcalde, Maria Roig que ha destacado que «la ordenanza es una deuda del pueblo de Esporles con los represaliados que lucharon y defendieron la democracia y sus valores ante los que se alzaron en armas contra un gobierno legítimamente elegido».

El alcalde, Josep Ferrà, ha agradecido a todas las personas que han hecho posible esta ordenanza, a los grupos municipales que le han dado apoyo y especialmente a los técnicos municipales y a los miembros del grupo de Memòria Democràtica de Esporles y la Associació de Memòria de Mallorca. «Es una respuesta política al acuerdo VOX-PP al anuncio de derogación de la ley de memoria democrática», pronunció el alcalde que destacó que «el mejor homenaje que podemos hacer a los represaliados es luchar por los valores republicanos y por las repúblicas como modelo de estado».

La ordenanza tiene 23 artículos ordenados en nueve capítulos. Contempla muchos aspectos reconocidos en la ley autonómica y estatal pero también aspectos nuevos como la mediación del Ajuntament para el acceso a documentación privada de interés para la memoria democrática. También la elaboración de un censo de personas afectadas por confiscaciones de bienes o sanciones económicas motivadas por razones políticas, ideológicas o de conciencia durante la dictadura franquista. Otros puntos son la consignación de una partida presupuestaria anual o un régimen sancionador.