Piden investigar al veterinario responsable de la polémica granja de Llucmajor por posibles vulneraciones éticas

Ambas entidades denuncian posibles fallos graves en el cuidado de los animales y en las condiciones higiénicas de la explotación, y hacen alusión a las imágenes que publicaron la semana pasada sobre la granja donde se veían gallinas enfermas, animales muertos junto a otros vivos, acumulación de suciedad, y hasta ratas y erizos en contacto con las aves y que dieron pie a una inspección por parte del Govern. Las entidades recuerdan que, a raíz de esta inspección, se confirmó la existencia de «graves deficiencias» y se anunció la apertura de un expediente sancionador, así como la suspensión temporal de la actividad en una de las naves.

Las situaciones denunciadas, argumentan, podrían ser indicio de una mala gestión veterinaria y una falta de control sobre el bienestar de los animales. Según las asociaciones, el profesional responsable no habría informado a las autoridades pese a las condiciones detectadas, algo que consideran «inaceptable».

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Además, por otra parte, apuntan que el colegiado es, además del veterinario de la explotación, el actual gerente general de la empresa Avícola Son Perot S.A —gestora de la explotación— y, según indican , ha ocupado cargos de responsabilidad técnica en la misma desde julio de 2021 lo que podría crear «un posible conflicto de intereses que comprometiera su independencia como veterinario».

Las entidades recuerdan que, durante el periodo en que el veterinario ha ejercido la dirección técnica, se han abierto múltiples procedimientos sancionadores contra la granja, incluyendo una multa de 150.000 euros por carecer de la autorización ambiental necesaria y otro expediente por supuestas irregularidades en la comercialización de huevos.

Por todo ello, Satya Animal y ARDE piden al Colegio de Veterinarios que revise la actuación del profesional encargado de la granja, valore si ha habido negligencia y, si procede, traslade la información a las autoridades competentes.

Desde el Colegio, por su parte, informaron que tras recibir la comunicación se abrirá un procedimiento administrativo interno, tal como indica su protocolo. En este proceso se recoge información tanto de la persona demandada como de las entidades demandantes y ésta se traslada a la Comissió Deantològica del Col·legi, que tras analizar los datos analizará y valorará la situación. En caso de detectarse una infracción grave o muy grave, se podría abrir un expediente disciplinario que podría suponer una suspensión temporal o multas económicas.