PROTESTA

Vecinos de Urbanizaciones critican la falta de respuesta institucional en el caso de la granja avícola y exigen su cierre definitivo

A través de la plataforma 'Stop Macrogranja Llucmajor: Sense Olors ni Mosques', los más de 7.000 afectados responden a los últimos acontecimientos

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La Plataforma Vecinal 'Stop Macrogranja Llucmajor: Sense Olors ni Mosques' ha denunciado públicamente la «falta de respuesta institucional» ante la situación que, desde hace más de siete años, viven los más de 7.000 vecinos de urbanizaciones afectados por la granja avícola de la localidad y han reiterado su petición de cierre definitivo de la instalación.

A través de un comunicado, los residentes exigen «medidas inmediatas y contundentes», afirmando que las condiciones insalubres de la macrogranja han provocado la proliferación de «olores nauseabundos» y una plaga constante de moscas, lo que ha deteriorado su salud física y emocional, su calidad de vida y el valor de sus viviendas.

Los vecinos expresan también su «profunda indignación» por lo que consideran una «actitud insensible» por parte, tanto de la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, como del director general y del conseller d'Agricultura, Fernando Fernández y Joan Simonet respectivamente, tras sus declaraciones públicas. La plataforma sostiene que las «escasas sanciones impuestas han sido irrisorias, recurridas, y a día de hoy, ni siquiera abonadas». Además critican que «la respuesta institucional se ha centrado en la gestión de imagen ante la opinión pública, en lugar de abordar el sufrimiento real de miles de vecinos afectados».

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Según denuncian, desde la primera queja formal presentada en 2019, las administraciones implicadas han actuado con una «pasividad escandalosa», permitiendo que la actividad continúe sin licencias adecuadas ni autorizaciones medioambientales.

«La administración no puede seguir mirando hacia otro lado», afirma el comunicado y califica de «irracional» que las medidas cautelares dependan de propuestas del propio infractor.

La plataforma insiste en que su movilización no responde a intereses políticos, sino a la necesidad de defender la salud y la dignidad de las familias afectadas. «No vamos a permitir que se siga ignorando nuestro sufrimiento», concluyen.