La propiedad del cámping de la Colònia de Sant Pere acata la sentencia y derriba los 88 bungalows ilegales e ilegalizables

En el mes de junio de 2023 el Ajuntament de Artà autorizó el proyecto de demolición. Los propietarios tenían hasta el mes de octubre de 2023 pero tuvieron que solicitar una prórroga hasta enero de 2024. Aunque se empezaron las labores de desmonte no se hizo efectivo el derribo total en el plazo establecido y la Agencia de Defensa del Territori (ADT) le impuso una sanción coercitiva. La demolición, a día de hoy, si que está concluida. Quedan algunos edificios en pie que no eran objeto del expediente de disciplina urbanística. Fuentes autorizadas del Consell han confirmado a este medio que la ADT ha realizado la correspondiente inspección y ha corroborado el cumplimiento de la sentencia.

El complejo turístico está ubicado en la primera línea de la Colònia y ofrece actualmente, desde su exterior, una imagen de degradación. Han sido varias las sentencias al respecto hasta llegar a este punto. La historia arranca cuando la Comissió Insular d’Urbanisme abrió un expediente de infracción urbanística en abril de 2006 tras una denuncia de Esquerra Unida de Artà. Así decretó que los bungalows eran "ilegales e ilegalizables" porque tenían que ser desmontables y en este caso eran de fijos de obra.

Los propietarios presentaron en su momento un recurso de alzada ante el Consell contra esta orden, que fue desestimado en julio de 2012. Pero la decisión fue recurrida de nuevo. El juzgado contencioso Administrativo número 2 de Palma confirmó en enero de 2020 la demolición de este cámping dictada por el Consell. La resolución definitiva llegó en febrero de 2022 de la mano del Alto Tribunal al no admitir a trámite el último recurso de la propiedad del recinto. Paralelamente al expediente de infracción se impuso una sanción económica que ya se resolvió. De una cuantía inicial de 937.000 euros se pasó a una sanción de 17.239 euros.