Una de las terrazas de uno de los apartamentos okupados en Cala d'Or. | Alejandro Sepúlveda

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Los residentes en los apartamentos okupados en Cala d'Or, cuya liberación reclama la propiedad desde hace cerca de un lustro, atendieron a Ultima Hora sin querer desvelar su identidad, asegurando que «al anterior propietario (el citado señor Palau) le pagábamos, trabajábamos en un hotel con él y cuando murió, no sabíamos a quién dirigirnos», aseguran. Dicen que el nuevo dueño (Jordi Chalé) le dijó «que nos fuéramos, pero nosotros llevamos 16 años aquí y había más gente. Esto no era un hotel, lo alquilaban a trabajadores», apuntan sobre los bloques donde residen junto a varios menores. «Teníamos contrato de alquiler con el dueño y de aquí se han ido todos bajo amenazas, poniendo notas e incluso mandándonos a desokupas que nos intimidaron y asustaron a los niños, tapiando la casa a los que salían y haciendo obras dentro de las casas», dicen. Y añade que «nos cortaron la luz y el agua, lo tuvimos que arreglar con el ayuntamiento. Había muchos niños pequeños y no teníamos ni para calentar biberones», dicen, estando pendientes de la resolución, aseguran, de un segundo juicio. «No podemos pagar un alquiler, hemos intentado negociar y pagarle, pero él (Chalé) no quiere», apostillan.

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«No somos okupas, teníamos nuestro contrato hasta morir el anterior propietario y ahora, por esto, la gente no nos quiere alquilar una vivienda porque dice que somos okupas, cuando llevamos aquí dieciséis años», exclama una de las residentes, quien reitera que «no nos negamos a pagar un alquiler, él (Jordi) no quiso, nos intimidó y tenemos miedo a salir. Somos trabajadores de la hostelería y él dice que no nos alquila porque no le vamos a pagar, cuando lo realquila a otros trabajadores con los que hemos tenido problemas, todo lo contrario que con los vecinos, que nos conocen y con los que nos llevamos bien», añaden, dejando muy claro que «hasta que un juez no nos lo ordene, no nos vamos a ir de aquí, porque nosotros, además cuidábamos del anterior dueño antes de que muriera», a la vez que señalan las cámaras de seguridad «que apuntan a la terraza, en la que juegan nuestros hijos, que son menores y les graban, y eso no está bien», concluyen.

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Un carrito y juguetes de los niños residentes en los apartamentos con sus familiares. Foto: Alejandro Sepúlveda

Jordi Chalé, propietario de los apartamentos, niega rotundamente todas esas acusaciones, y explica que esas cámaras «están por seguridad, para evitar reokupaciones», a la vez que dice en alto que «nunca» ha realquilado los apartamentos okupados, protagonistas mudos de un asunto encallado en los tribunales a la espera de una solución «para poder reformar y reabrir el negocio, o al menos buscar la ayuda de inversores o algún socio para poder empezar a trabajar», asegura el joven dueño de una herencia que se ha convertido en un dolor de cabeza.