La nueva promoción de 36 viviendas se encuentra en la urbanización de Can Mas en Bunyola. Se paralizó a finales de 2019 y ahora se han reactivado las obras.

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La promoción de lujo de 36 viviendas, 45 plazas de aparcamiento y una piscina, conocida como ‘Petit Bunyola’, en la urbanización de Can Mas, se ha reactivado después de estar paralizada de manera cautelar durante más de tres años para una revisión de oficio por lesividad. El Grup d’Ornitologia Balear (GOB) ha alertado que estas obras se ejecutan en un solar que no dispone de los servicios urbanísticos necesarios. Por ello han registrado un escrito en el Ajuntament de Bunyola solicitando toda la documentación del expediente.

En julio de 2019, según ha explicado el GOB en un comunicado, se solicitó acceso al expediente que fue entregado cinco meses después, momento en el que presentó un escrito pidiendo la nulidad y la paralización de las obras al considerar que había «irregularidades entorno a la concesión de la licencia», que fue dada en febrero de 2019. A raíz de este escrito el Ajuntament declaró el inicio de la revisión de oficio y la suspensión de la ejecución de la licencia por declaración de lesividad.

El Ajuntament de Bunyola ha respondido a los ecologistas y ha asegurado que esta promoción está situada en un solar urbano, ya reconocido en el planeamiento urbanístico de 1978 y que "el proyecto está amparado en una licencia de obras concedida con los informes técnicos favorables». Además fuentes municipales han defendido que «el proyecto está situado frente a la antigua posesión de Can Mas, unas casas que han contado históricamente con todos los servicios municipales». Desde el Ajuntament reconocen que «cualquier nueva edificación y más aún en un pueblo de las características de Bunyola, representa un impacto visual que resulta inevitable si se adapta a la normativa vigente».

Tras la paralización en 2019 se acordó pedir un informe al Consell Consultiu y Consell de Mallorca. El Ajuntament ha informado que «la respuesta del Consultivo fue que se trataba de una cuestión en proceso de judialización a causa de la denuncia de un ciudadano y que no procedía emitir ningun informe. Posteriormente el pronunciamiento judicial fue a favor del Ajuntament». En el caso del Consell no se pronunció al ser una competencia municipal, según han explicado.

Por último el Ajuntament dijo que están en negociaciones con el Consell desde hace ocho años «para tener un planeamiento adaptado a los tiempos». El GOB ha pedido «el expediente y un escrito del arquitecto que certifique si se cuenta con la totalidad de los servicios urbanísticos que exige la ley antes de continuar con las obras».